Diego Armando Cárdenas Rendón
El fantasma de Colombia no es la violencia, es la paz. Los diversos intentos políticos y sociales que se han hecho en el país para lograrla han sido empañados por acontecimientos que llevan a replantear la idea de vivirla y tomarla solamente como una ilusión. Todos la tienen en su agenda, pero a la hora de concretar acciones que realmente lleven a ella fallan, o como se dice comúnmente, “ponen un pero”. Además, los dirigentes, los grupos armados y la fuerza pública; creen que la persuasión y las acciones violentas son suficientes para ofrecer una vida tranquila a la Nación y proteger sus derechos.
Cada uno de los actores mencionados olvida que el camino hacia la paz se debe construir con hechos adicionales como; ofrecer servicios básicos, educación, salud y alimentación. En otras palabras, lo primero que se debe asegurar son los derechos fundamentales de los colombianos en lugar de ofrecer sangre y fuego.
Pero las propuestas, las leyes y los diálogos siempre han encontrado obstáculos que si bien se deben considerar; lo inadmisible es que sean la excusa para continuar con la guerra. ¿Acaso los colombianos no tenemos derecho a vivir en paz? Según los políticos y actores armados no, pero el principal responsable de este fracaso a lo largo de la historia es el mismo Estado al no cumplir sus promesas. Los últimos acontecimientos nacionales lo demuestran.
El primero a mencionar ocurrió en Buenaventura, donde grupos delincuenciales publicaron videos en los que anunciaban enfrentamientos y protección a la población civil. De inmediato la gobernadora del Valle Clara Luz Roldán hizo un llamado a la presidencia solicitando protección del ejército y la policía, como si la mera presencia de fuerzas legítimas solucionara los graves problemas sociales de la ciudad.
Buenaventura es el principal puerto de la Costa Pacífica colombiana, por lo que es posible decir que allí se transaccionan millones de dólares. Sin embargo, las condiciones de la ciudad dejan mucho que pensar. Según un informe del mes de abril publicado por el diario El País el desempleo en el puerto alcanzó el 25.9 %, cifra que, si se contrasta con los estudios expuestos por la DIAN en 2020 muestra que la desocupación ha aumentado, pues en aquel año se encontraba en el 18.4 %. Por su parte, el Plan de Desarrollo Distrital 2020 – 2023 expone que el bajo logro educativo se encuentra en 48 %. Números que explican parte del problema de la violencia que atraviesa el puerto, sin dejar del lado el olvido estatal al que se ha visto sometido y que es aprovechado por narcotraficantes y pandillas para hacer fechorías.
El segundo hecho que muestra la pusilanimidad de los actores sociopolíticos para la construcción de la paz es el paro armado anunciado por el ELN en el departamento del Choco. Vale aclarar que la información no es 100 % confiable, pero horroriza a los bonaverenses y al país entero, por eso vale la pena nombrarlo. El grupo insurgente está en mesa de diálogo con el gobierno nacional y aun así no detienen las hostilidades que atemorizan a la población civil. ¿Dónde está su voluntad de paz?
Dadas las características del conflicto colombiano y el antecedente de las negociaciones con las FARC, llevar a cabo el diálogo en medio de las balas es comprensible. Pero seguir intimidando a los civiles con confinamientos y amenazas de muerte es algo inaceptable y tanto el ELN como el Estado son responsables de ello. El primero porque aún no quiere someterse a las órdenes del gobierno y convierte los hechos en una demostración de poder. El segundo, porque sigue ausente en gran parte del territorio colombiano y reduce su presencia a la fuerza pública, más ninguna de estas acciones sirve para concretar la paz real.
Lo más extraño es que los grupos y actores mencionados seguirán actuando sin asumir las responsabilidades y funciones que les corresponden, pero con la excusa de que hacen lo mejor para alcanzar la paz. Mientras tanto continuará como un fantasma para la Nación.
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