Por Diego Armando Cárdenas Rendón
La guerra contra el narcotráfico se perdió desde hace bastante tiempo, la negligencia estatal, el autoritarismo y la poca educación fueron el caldo de cultivo perfecto para que la venta y consumo de drogas mantuviera altos índices. La prohibición y persecución, además de fracasar, estimularon el consumo descontrolado de alucinógenos, disparando las cifras de víctimas.
El caso de la marihuana merece un tratamiento especial, pues ahora sea están reconociendo sus beneficios medicinales y su consumo recreativo se encuentra en discusión. En Colombia, a marzo del presente año 890.000 personas fumaron la sustancia al menos una vez al mes; según el Departamento Nacional de Estadística (DANE), mientras que a nivel mundial 188 millones de las de 271 que consumieron drogas usaron cannabis; indica la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito. No hay claridad sobre las razones de estas cifras pero si demuestran la urgente necesidad de cambiar la manera de enfrentar el problema.
Se han ganado algunas batallas, como la despenalización de la dosis personal y la búsqueda del empleo responsable y asesorado como tratamiento a algunas enfermedades. Paso a paso el país progresa en el asunto. Sin embargo, la última jugada de la Corte Constitucional es un retroceso a esos pequeños triunfos y abre la puerta al aumento de la estigmatización de los consumidores.
Según la Corte, los Concejos y Asambleas son las entidades que deben regular el consumo de marihuana en espacios públicos; velando por la protección de los menores y el respeto tanto a los consumidores como a quienes disgustan del cannabis. Es comprensible que los Magistrados respeten el control territorial, más dejar esta decisión en manos de las corporaciones mencionadas es enmarcarla en los intereses políticos y principios morales de los funcionarios, de tal manera que serían sesgadas. Además, sus funcionarios tienen contacto directo con la sociedad y, como sabemos, es bastante conservadora por lo que de inmediato optarían por prohibir totalmente el consumo de marihuana y tratar a los parroquianos como delincuentes. Retroceder a la criminalización no garantiza que las cifras de víctimas disminuyan, por el contrario, los niveles de adicción van a aumentar entendiendo que el cannabis (igual que el alcohol) son sustancias umbrales, sobre todo para niños y adolescentes.
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