Por Natalia López Arboleda. Politóloga UAM. Especialista en Contratación Pública UM. Correctora de Estilo APA
En medio de las complejidades y obstáculos que enfrenta la educación pública en nuestro país, es crucial resaltar el papel del control social en la protección de este derecho fundamental. Un ejemplo de esta dinámica se evidenció en el caso de la Institución Educativa (IE) Inem Baldomero Sanín Cano (INEM), en la ciudad de Manizales.
En conversaciones con el Personero de Manizales, Fernando Arcila, fue posible evidenciar cómo se desarrollaron los acontecimientos desde esta institución. Durante los meses de abril y mayo del año 2021, Corpocaldas y Aguas de Manizales solicitaron informes sobre las condiciones técnicas, tanto de infraestructura como de alcantarillado de la IE, revelando preocupaciones en los bloques D y E.
Ante esta situación, la Secretaría de Educación de Manizales sugirió reubicar a la comunidad educativa del INEM en el Liceo Isabel la Católica, lo cual, generó gran controversia. Debido a que la IE contaba con un campus espacioso y bien situado, surgieron debates sobre posibles intercambios de terrenos, e incluso, se mencionó la posibilidad de convertirlo en la estación de la línea III del Cable Aéreo de Manizales y, circularon rumores acerca de presuntos intereses comerciales por parte de la Alcaldía con relación a la reubicación del INEM, pero tales rumores no pudieron comprobarse.
Con el traslado de los estudiantes del INEM, se comenzaron a formar sindicatos y a circular comentarios que alimentaron la especulación sobre los motivos reales detrás del traslado y, en respuesta, se activaron sindicatos. La sociedad civil acudió a la Personería de Manizales, advirtiendo sobre el posible cierre de la institución, lo que llevó a implementar un proceso preventivo, convocando audiencias públicas y mesas técnicas con la participación de secretarios de despacho, concejales y la sociedad civil.
La Secretaría de Educación aportó argumentos técnicos para respaldar el cierre del INEM y su traslado al Liceo, aunque este último generó problemas de convivencia. En respuesta, se establecieron dos mesas técnicas: la primera, enfocada en resolver conflictos de convivencia escolar y la otra, dedicada a vigilar la infraestructura educativa. El 20 de septiembre de 2022, se logró un avance significativo al revelar que solo se necesitaban $1.000 millones de pesos para intervenir los bloques D y E del INEM y permitir el retorno de los estudiantes.
El problema inicial, presentado como una amenaza para la estructura del INEM, se resolvió con una inversión mucho menor de lo que se había previsto inicialmente. La Alcaldía se comprometió con esta inversión y, gracias a la presión ejercida por la comunidad estudiantil, sindicatos, concejales y veedurías ciudadanas, se logró evitar el cierre del INEM y resolver el conflicto social. La Personería fue fundamental en este proceso, actuando como instrumento de la presión social y la defensa de los derechos de la comunidad educativa.
A inicios de 2023 los estudiantes retornaron al INEM, pero más de 200 fueron reubicados por sus familias en otras IE. La situación del INEM Baldomero Sanín Cano en Manizales pone en evidencia la importancia de una gestión municipal transparente y participativa en temas educativos. Aunque se logró evitar el cierre de la institución gracias a la presión comunitaria, las decisiones administrativas poco claras y las reubicaciones forzadas de estudiantes subrayan la necesidad de adoptar un enfoque más inclusivo y orientado al bienestar de la comunidad educativa para prevenir conflictos y garantizar el derecho a una educación de calidad.
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