Por Diego Armando Cárdenas Rendón
La justicia colombiana se ha caracterizado por ser más punitiva que resocializadora, pues presta mayor atención al castigo por el daño causado que a la reeducación de los delincuentes. Esto ha ocasionado altos niveles de reincidencia, que a los ciudadanos poco les importe el sistema judicial y que los procesos reeducativos internos no arrojen resultados satisfactorios que permitan a los participantes retomar la vida fuera de la delincuencia.
Adicionalmente, la congestión judicial mantiene en vilo a los miembros del sistema penal; jueces, fiscales, víctimas, victimarios, abogados, entre otros, son directos afectados de esta debilidad. Pero eso no es todo, hay un problema aún más grande que de allí se desprende; el hacinamiento en las cárceles. La vida aglomerada en las celdas viola cualquier cantidad de Derechos Humanos de los reclusos, al punto de recibir el tratamiento más indigno que alguien pueda imaginar.
Según Hernando Gómez Buendía -director de la revista Razón Pública- hay 97.840 Personas Privadas de la Libertad (PPL) en las cárceles de Colombia entre hombres y mujeres, mientras que en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) hay 21.000 para un total aproximado de 118.840 detenidos y el cupo total ronda los 82.232, es decir que el desfase esta por 36.000 reclusos.
Si bien se han tomado medidas respecto a la congestión y el hacinamiento, han sido superficiales, pues no ofrecen soluciones de fondo. Centros de Conciliación, consultorios jurídicos, incluso tutelas y sus respectivas sentencias por parte de la Corte Constitucional, son acciones para descongestionar el sistema, mejorar su funcionamiento y brindar condiciones de vida digna a los internos de las prisiones. Aunque aportan algo, su labor no alcanza a alivianar la pesada carga de ninguna de las dos situaciones.
Para trabajar en este asunto, el gobierno nacional a través del Ministerio de Justicia, presentó un proyecto de ley que será debatido en las sesiones extraordinarias del Congreso, el cual busca reformar el Código Penal y ofrecer seguridad y garantías de vida a las PPL. Esta reforma pretende cambiar la tipificación de diversos delitos considerados obsoletos por Néstor Ozuna, jefe de dicha cartera; para que se solucionen de manera ágil en otros juzgados o dejen de clasificarse como crímenes y no lleguen hasta instancias penales.
De igual manera, apunta a mejorar las condiciones infrahumanas en las que se encuentran las PPL, ya que el hacinamiento afecta gravemente su salud y empeora sus relaciones sociales ya bastante estropeadas por su condición de delincuentes. Además busca evitar la reincidencia y ofrecer espacios cruciales de resocialización a quienes cumplen su condena para que logren volver a la vida social con éxito.
Los internos de las prisiones, son altamente degradados por la justicia y la sociedad colombiana. Su tratamiento es infame, además de purgar condenas y de la ineficiencia del sistema jurídico, enfrentan obstáculos de salud pública y relaciones sociales; a la vez que son vistos como bichos raros perdiendo toda condición de humanidad por culpa de un Estado incapaz de ofrecer protección y vida digna a sus condenados. Cometer un delito y ser juzgado implica perder toda condición humana y convertirse en un objeto arrumado en algún rincón. Algo que debería asombrarnos, pero vivir en un país en el que al Estado poco le han importado sus ciudadanos, menos se va a preocupar por los habitantes de las cárceles.
Enhorabuena a la propuesta de Ozuna, pues demuestra que el gobierno de turno está tomando las riendas de los problemas que ningún dirigente anterior trató de solucionar.
BC Noticias
