Por Diego Armando Cárdenas
Finalmente, una entidad oficial intervino la Liga de Fútbol Femenina; algo que veníamos esperando desde de su creación y desde que el Estado, a través del Mindeporte, decidiera apoyarla dada su inestabilidad y el desorden de su planeación y ejecución.
Las jugadoras llevan una vida luchando para que se les reconozca bajo los mismos estándares que a los hombres del balompié, es decir para que ambos géneros cuenten con los mismos derechos y seguridades laborales. Pero a la fecha son tratadas con indiferencia y les brindan un torneo de juguete. Así que, bienvenida sea la atención prestada a las indignas condiciones de las deportistas.
Las autoridades deportivas colombianas siempre han expresado que el fútbol femenino no tiene suficiente respaldo de la hinchada ni de la empresa privada para ponerse a la vanguardia del torneo masculino; excusa nada creíble para quienes hemos visto el progreso de esta práctica. La falta de voluntad de los dirigentes del deporte colombiano ha sido el sustento para que, si bien se lleve a cabo el torneo femenil, se haga con garantías nimias. Como quien quiere evitarse reclamos por falta de equidad y de oportunidades hacia las mujeres deportistas, especialmente de un país que ha presenciado su alta calidad.
Esos mismos dirigentes con la venía de los equipos idearon todo un plan para obstaculizar el buen desarrollo del fútbol femenino; estableciendo límites en los salarios y contraprestaciones contractuales impetuosas por actividades publicitarias en todos los equipos. De ahí que la Superintendencia de Industria y Comercio haya tomado la decisión de investigar el asunto, aunque no se presentó una denuncia. Para esta entidad; la Federación Colombiana de Fútbol, la DIMAYOR y los clubes participantes establecieron un “cartel” que fijaba los pagos a las jugadoras al tiempo de duración de los campeonatos; de tal manera que no contaban con las garantías laborales exigidas por ley a cualquier empleado y menos con los estímulos y beneficios que los deportistas del fútbol masculino.
Si bien, apenas se inició el proceso y no hay certeza de que las empresas mencionadas cometieron ilícitos; el hecho de dificultar el avance y no reconocer las habilidades de las jugadoras con las contraprestaciones salariales legales ni con otras compensaciones es bastante reprochable moralmente hablando. Las mujeres deportistas son tratadas como juguetes económicos porque, supuestamente, no brindan las mismas ganancias que los hombres, pero es que no tienen que hacerlo. Deben ser tratadas de manera justa, con salarios coherentes a la actividad deportiva y recibir el mismo apoyo que el fútbol masculino.
La verdad es que no tengo muy claro si un hecho como este debería asombrarme, pues en Colombia es normal que se realicen todo tipo de artimañas para sacar ventajas económicas. Los individuos y los organismos siempre quieren quedarse con la mejor tajada en los negocios, aunque eso implique atropellar los derechos de los demás y el fútbol nunca ha estado exento de eso y en este caso las mujeres futbolistas son las víctimas.
En conclusión, además de tener que soportar la misoginia tradicional colombiana; la Liga Femenina de Fútbol también soporta la corrupción de unos empresarios codiciosos que se han excusado en la falta de apoyo para garantizar un torneo de calidad y unas condiciones dignas a las jugadoras.
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