Por Diego Armando Cárdenas Rendón
Laura Sarabia se había convertido en la mano derecha de Gustavo Petro, una mujer preparada y bastante inteligente como para haber obtenido su puesto a pulso de trabajo. Era la sombra del presidente y por ello una persona de interés para la derecha y ultraderecha colombiana. Por estos días se dio a conocer un hecho que la puso en el ojo del huracán. Sarabia fue víctima de un robo de dinero en su propia casa, pero hoy no quiero centrarme en dicha pérdida, sino en las graves consecuencias que el delito generó; entre las que se destaca, el retroceso a prácticas ilegales supuestamente superadas como las “chuzadas”.
Interceptar la comunicación de políticos, funcionarios, activistas y hasta civiles era una costumbre para las autoridades del país; sin embargo, después del escándalo de las “chuzadas” uribistas que terminaron en la extinción del DAS y que hicieron bastante daño; muchos pensamos que algo así jamás volvería a suceder. Pero aquí estamos, tocando el mismo tema, violando el principio de que quien no conoce su historia está condenado a repetirla.
Las entidades judiciales, corruptas por demás, son un hámster en una rueda dando vueltas a las mismas ilegalidades; invasión de espacios privados, interceptaciones sin órdenes judiciales o bajo piruetas que engañan el sistema. Igual que hace diez y veinte años las chuzadas ilegales siguen vigentes, pues para dichas entidades importa más ejecutarlas que indagar a quien se le harán y por qué. Así lo demostró el caso de Laura Sarabia, la jefe del gabinete presidencial; como también el hecho de que dichas costumbres no son “manzanas podridas”, sino políticas institucionales.
Sarabia y su antigua niñera, Marelbys Meza, junto con otra de sus empleadas tenían sus teléfonos interceptados por un miembro de la DIJIN, bajo el argumento de persecución hacia el Clan del Golfo. Cuesta creer que una organización estatal obligada a brindar seguridad en los procesos judiciales a los ciudadanos colombianos, sea la misma que violenta sus derechos. De igual manera que la Fiscalía General de la Nación mediante un comunicado atribuya interceptaciones ilegales a un simple error. ¿Cómo es posible semejante confusión? ¿Hasta dónde serán capaz de llegar las entidades con sus acciones?
Todo esto no indica más que el poder ilimitado que tienen las organizaciones oficiales colombianas, que sus viejas costumbres de pasar por encima de los principios morales y legales no tiene límite y que las chuzadas seguirán imperando; pues no hay vigilancia frente a su accionar, al punto que cada una de ellas termina involucrada en acontecimientos poco éticos y hasta ilegales con tal de mostrar resultados.
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