Por: Juano Jurado
Nuevamente triunfa el populismo político lejano de las necesidades de la renovación legislativa en Colombia. Nuevamente gana el discurso del pánico social y de estigmatización de las personas con problemas de salud. Una vez más, el estado se libra de sus responsabilidades de regulación y control y le entrega las riendas del caballo de la comercialización de las drogas a la ilegalidad y la informalidad.
Esta semana se hundió nuevamente el proyecto de ley que promovía la regulación de la comercialización del cannabis en adultos. No les alcanzaron los votos a los promotores de la propuesta, y tuvieron que ver nuevamente como prima el pensamiento político conservador y tradicional, no solo en los recintos del órgano legislativo, sino, también, en la mayoría del territorio nacional.
En este punto, no es necesario comenzar a dar vueltas en torno a la actualidad de la regulación sobre la comercialización del cannabis; es suficiente con observar el articulo 49 de Constitución política de Colombia donde se prohíbe la comercialización de cualquier tipo de sustancias psicoactivas.
Lo interesante, es iniciar y promover el análisis de las nuevas dinámicas sociales, culturales y político criminales que se van haciendo evidentes en nuestro país. Al igual que sucedió en su momento con la regulación de las bebidas alcohólicas en el mundo, o con la regulación del tabaco; es el momento de volver a romper paradigmas y comprender que respecto a la velocidad con la que camina la sociedad, nuestro ordenamiento jurídico esta caminando muy lento.
Entonces entramos en un escenario que en Colombia no solo puede observarse desde la existente prohibición constitucional, sino que tenemos que recordar que, en este país, la dosis personal fue despenalizada desde la sentencia C – 221 de 1994 del Magistrado Carlos Gaviria Diaz. Y como si esto no fuera poco, también esta permitido el autocultivo de hasta 20 plantas.
Podríamos decir, que ahora, corresponde al congreso entrar a regular esas libertades que desde la corte constitucional se han reconocido, no solo por considerar una relación directa con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, sino que, se trata de un problema de salud publica que debe ser asumido por el gobierno y por el engranaje institucional encargado de proteger la salud de los colombianos.
Es inconcebible que todavía existan opositores a la reforma que basen sus argumentos netamente en la estigmatización de las personas que consumen marihuana o cannabis; opositores que promueven un discurso de odio contra consumidores de estas sustancias sin comprender que exista un posible problema de salud y dependencia.
Se ha legado al extremo de relacionar esta reforma con la posible degradación total de la sociedad colombiana, con discursos que culpan a lideres políticos por el consumo de drogas, y otros discursos cargados de espiritualidad para promover el arrepentimiento frente a la posible comisión de un pecado imperdonable que llevaría a la juventud colombiana a un futuro indescifrable.
Pero, porque no recordamos mejor los puntos clave de la reforma, porque no vamos a las claves del éxito de este tipo de reformas en otros países, donde efectivamente se promueve una legalización de la comercialización del cannabis, pero con controles de edad, de autoridades, de instituciones y obligaciones estatales.
Perdimos nuevamente la oportunidad de quitarle un fragmento del negocio ilegal de drogas a los pequeños y medianos mercados, perdimos la oportunidad de regulación y control, de prevención en salud, De prevención en los jóvenes, y nos quedamos en el simple discurso facilista del miedo y del status quo social y cultural.
Finalmente, recordemos que Colombia generalmente esperara la imposición de otras naciones más poderosas donde tarde o temprano le exigen cambio legislativo, cuando estas otras potencias mundiales ya estén a la vanguardia en la regulación y comercialización del cannabis.
En este orden de ideas, seria bueno que nos diéramos vuelta por algunos ordenamientos jurídicos internacionales y pudiéramos identificar que ya hay suficiente regulación para permitir comercio medicinal y recreacional del cannabis en adultos, y que ahora, la tendencia en muchas ciudades, es generar estrategias que permitan identificar personas adictas, programas de atención en salud y programas de prevención del consumo.
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