Más prohibición y menos educación: nuevos alcaldes, nuevas normas, pero la misma medicina
Por: Juano Jurado
El consumo de drogas en Colombia será una discusión de largo aliento, incluso no solo en Colombia; en el mundo, después de tantos años de estar sosteniendo batallas directas contra el narcotráfico, llegó el microtráfico, y ahora, después del microtráfico, viene la legalización de las drogas en varios países. En este momento, la discusión ya no es si se permite o no el consumo de ciertas sustancias, porque ya están permitidas, ahora debemos determinar ¿cómo?, ¿Cuándo? y ¿Dónde? se consumen.
La contingencia aquí es que estamos hablando de una actividad de consumo que está permitida, en ese orden de ideas, en nuestro país del sagrado corazón, ¿Por qué queremos sancionar lo que no está prohibido?
El contexto jurídico del asunto es claro, no debe haber muchas divagaciones de lo que ya se ha dicho desde la ley 30 de 1986, por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes, posteriormente con la reforma constitucional y después con todo el desarrollo jurisprudencial que se ha dado por parte de la Corte Constitucional. Los últimos lineamientos se dieron en el año 2023, cuando la Corte recalcó que en Colombia no se sanciona el consumo de ciertas sustancias y que el porte de las mismas está permitido cuando se trata de la dosis personal y en ocasiones dosis de aprovisionamiento.
Basados en lo anterior, el pasado 7 de diciembre de 2023 fue derogado por el Gobierno de Gustavo el decreto nacional 1844 de 2018, justamente para cumplir las órdenes de la Corte. Este nuevo decreto se ajusta a la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado: “el porte de dosis personal no está prohibido y algo que no está prohibido, pues no puede ser castigado ni con multa ni con ninguna otra sanción.”
A raíz de esta situación, muchos de los nuevos alcaldes en Colombia han venido decretando la creación de normas locales para promover el control sobre el consumo, el porte y obviamente la comercialización de sustancias psicoactivas. Incluso, la misma Corté Constitucional en su última sentencia estableció que era responsabilidad de los alcaldes municipales generar las estrategias sobre el control de estos comportamientos.
Bucaramanga, Medellín, Cúcuta y Cartagena, fueron unas de las primeras ciudades en establecer las prohibiciones a través de decretos. En estos casos, los mandatarios inmediatamente al asumir las alcaldías de estas capitales, fueron enfáticos en plantear su posición clara a favor de la prohibición completa del consumo de drogas.
Los decretos creados en muchas ciudades establecen la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en un perímetro de 60 metros de parques, centros educativos y zonas históricas. Otros alcaldes añaden a la prohibición centros deportivos y recreativos, así como eventos públicos o privados con presencia de menores de edad. La prohibición se extiende en muchos casos a un perímetro de 100 metros a la redonda de esos lugares, y tiene como sanciones la incautación, la destrucción de la sustancia y castigos económicos que van en algunos casos desde los 600.00 pesos. Otros mandatarios incluyeron dentro de las restricciones espacios para la práctica de ejercicio físico, centros religiosos o espirituales y centros médicos de cualquier nivel.
Al observar la forma de cómo se están generando estas restricciones, debemos pensar en cómo se está analizando desde los gobiernos municipales la limitación a derechos fundamentales. Parecemos frente a líderes adictos al poder, la droga parece ser el uso de la norma para garantizar supuestamente seguridad.
Muchos argumentan que lo hacen para proteger a los menores de edad, en eso creo que estamos de acuerdo todos, que no es bueno que nuestros niños, niñas y adolescentes en proceso de formación tengan acercamiento a imágenes que social y culturalmente no están preparados para afrontar, y precisamente es ahí donde entra el aprovechamiento de micro-comerciantes para ofrecerles salidas a través de la droga a problemas escolares y familiares.
Sin embargo, cuando entramos a ver que las prohibiciones han llegado a lugares como parques para hacer ejercicio, lugares espirituales, eventos públicos, lugares recreativos; ya empezamos a observar un desborde del poder coercitivo por parte del alcalde como la primera autoridad de policía en cada uno de nuestros municipios. Preocupa la manifestación de algunos alcaldes diciendo “ustedes saben como soy”, “mientras yo esté aquí esto no”, “no más marihuaneros”. Lo anterior, puede estar dejando en evidencia (que ya es costumbre en Colombia) la utilización del poder para el cumplimiento de convicciones personales, y el abandono de la educación, la pedagogía y la confianza en la sociedad para gestionar y fomentar sus propios principios y valores.
Aquí debo manifestar algo que no va a gustar mucho, pero ¿Dónde están las responsabilidades de las familias?, porque como sociedad seguimos creyendo que la única forma de solucionarlo todo es poniendo un policía en cada esquina, una multa por todo y una ley para cada problema. Eso nos deja muy mal parados como sociedad y demuestra que Colombia no es fuerte en el fomento del desarrollo humano.
Las familias evaden sus responsabilidades de educar y prefieren señalar a quien está fuera de sus estándares de desarrollo normal de vida. La educación que reciben muchos niños por parte de sus padres o madres es: “no sea marihuanero como el vecino”, “el marihuanero es ladrón y asesino”, “el que consume es vago”, y puede que estemos de acuerdo con estas afirmaciones en muchos casos particulares, pero no son las palabras que necesita un menor de edad para comprender una problemática social que probablemente también tenga que afrontar cuando sea adulto, cuando ya el miedo y el terror no van a servir para alejarlo de estas personas y posiblemente ingresar al mundo de las drogas.
Mientras tanto, los alcaldes siguen utilizando a los menores de edad como bandera al momento de crear las prohibiciones, la comunidad sigue aplaudiendo que en Colombia la mejor forma de educar es prohibiendo y castigando todo, seguimos padeciendo de una adicción a la hiper-creación de normas, consideramos malos y delincuentes a todos los que vemos en un parque consumiendo drogas hasta que al que miramos hacia allí es uno de nuestros familiares quien aparece en escena y ahí si pedimos prudencia y no estigmatizar.
Hasta la fecha ya se han rastreado la expedición de 23 decretos de este tipo en ciudades como: Armenia, Manizales, Popayán, Pereira y Yopal. Y qué más podemos esperar, si una sociedad que se quedó sin herramientas para educar, acude a la violencia para enseñar y a los castigos para aprender.
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