Por Diego Armando Cárdenas Rendón
Dicen los medios que el Estado tenía contratadas 2.5 millones de personas al 2022 bajo la figura de Prestación de Servicios. A simple vista la cifra no dice nada y no faltan aquellos que celebren que más de dos millones de personas tengan un puesto de trabajo. Como de costumbre, haré un somero análisis de este suceso.
Según el derecho contractual colombiano existen diversas figuras que pretenden adecuarse a las actividades económicas y tipos de empleados que necesitan las empresas para que sean eficientes, altamente productivas y, por ende, rentables; asimismo para garantizar condiciones dignas y calidad de vida. Una de ellas es el contrato de Prestación de Servicios, en el cual el empleado contratado debe cumplir sus labores hasta finalizarlas de manera autónoma; es decir que tiene ciertas libertades siempre y cuando cumpla lo acordado con el empleador.
Ahora bien, este eufemismo no significa otra cosa que la precariedad soportada diariamente por los trabajadores independientes para aumentar la producción o llenar los bolsillos de los propietarios; ya sea en el ámbito privado o público. Un contrato de Prestación de Servicios implica que el 40 % -casi la mitad del costo total- se destine al pago de la seguridad social del trabajador y sea asumida por él mismo eximiendo a la empresa de esa función. En otras palabras; una persona que realizará un trabajo por una sola vez, independientemente al tiempo que tarde y cuyo costo es de $ 100 tiene que pagar $ 40 de salud, pensiones y demás firuletes que exige la ley colombiana, de tal manera que deberá vivir con los $ 60 pesos restantes.
Si bien la figura de contratación es permitida y está regulada, son los criterios del empleador los que definen los tipos de contrato y obviamente toman la decisión desde la perspectiva de su empresa dejando a un lado el bienestar y garantías de los empleados. Adicionalmente, con la inestabilidad como factor común en todos los trabajadores así contratados; la situación se ha convertido en un problema social, no solo porque dificulta las condiciones de vida, además porque se constituye como un factor externo que tergiversa las mediciones de la empleabilidad arrojando cifras engañosas y tomando como empleado a personas que trabajan esporádicamente.
Este tipo contratación ha sido aprovechada por los empresarios y por el mismo Estado para su funcionamiento, pues se presta para que cualquier empleador se haga el de la vista gorda con los derechos del trabajador.
Gloria Inés Ramírez, Ministra de Trabajo, acaba de anunciar que el Estado eliminará esa clase de contratos a partir del 2024. Una decisión bastante acertada para mejorar las condiciones de los empleados colombianos. No se va a solucionar el problema, más el principal protector de los ciudadanos manda un mensaje de honorabilidad a la ciudadanía colombiana y demuestra las intenciones de cumplimiento y de cambio.
Obviamente se encontrarán obstáculos en el camino; prueba de ello es la oposición de FENALCO a la determinación de MINTRABAJO y suponemos que otros empresarios se sumarán a la negativa. Pero el punto clave es que se empieza a demostrar ejemplo de trato digno y seguridad laboral a la población colombiana.
Enhorabuena por la iniciativa de la ministra Ramírez, esperemos que siga por ese buen camino.
Quiere estar informado con BC Noticias? Ingresa a nuestros grupos de WhatsApp y Telegram.
- Grupo de WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/CDN0Fq1iHlj6WhFtz9rc5p
- Canal de WhatsApp de BC Noticias https://bit.ly/3O69TtX
- Grupo de Movilidad BC Noticias: https://chat.whatsapp.com/CW9Q5Z5DiA81uNPeBgi62H
- Canal de Movilidad BC Noticiashttps://bit.ly/3Y284mo
- Telegram https://t.me/noticiasdemanizalesenbcnoticias
- BC Noticias en Municipios https://chat.whatsapp.com/LDupW2qnzHN2eMY2MBWmfj
- Síguenos en Google Noticias https://bit.ly/3YWnclP
BC Noticias
