La Corporación Cívica de Caldas (CCC) instó a los entes de control a supervisar de cerca el programa Mil Viviendas, impulsado por la Gobernación de Caldas. La CCC presentó un derecho de petición a la Secretaría de Vivienda para conocer el estado actual del proyecto, el cual forma parte integral de su plan de desarrollo. Sin embargo, en la respuesta recibida, la Corporación encontró que el proyecto enfrenta graves retrasos en su cronograma de obras, lo que afectará los plazos de entrega de las viviendas.
A pesar de que las obras del Grupo 1 están suspendidas, el proyecto sigue generando gastos para la Gobernación debido a los contratos de prestación de servicios. Hasta el momento, la Fiducia del proyecto ha desembolsado una suma considerable de dinero, ascendiendo a $793.348.116,50. Estos retrasos, sumados a los aumentos en los costos de los insumos de construcción, podrían generar sobrecostos en la obra.
Los posibles sobrecostos del proyecto podrían poner en riesgo su clasificación como vivienda de interés prioritario (VIP), lo cual afectaría la obtención de subsidios del programa nacional Mi Casa Ya. El proyecto Mil Viviendas depende de estos subsidios para su cierre financiero, pero no hay garantías de que los recursos estén disponibles en el corto plazo, lo que representa un alto riesgo para el proyecto.
Javier Eduardo Torres Martínez, secretario de vivienda de Caldas, explicó a la CCC que el personal de su cartera no es suficiente para gestionar un proyecto de la magnitud de Mil Viviendas. Por esta razón, se contrataron nueve personas adicionales específicamente para este proyecto. Sin embargo, el secretario negó que estos contratistas estén desempeñando labores propias de la Secretaría de Vivienda, afirmando que están exclusivamente dedicados a Mil Viviendas.
La CCC encontró cláusulas en los contratos que exceden el alcance del fideicomiso. Algunos contratos incluyen obligaciones misionales de la Secretaría, como apoyar la planificación estratégica de proyectos asociados a la Secretaría de Vivienda y Territorio del Departamento de Caldas. Esto plantea dudas sobre si la contratación a través del fideicomiso está alineada con el propósito específico para el cual fue creado.
Ante esta situación, la Corcivicaldas solicitará a la Contraloría General de la República que realice un control fiscal concomitante y preventivo para el proyecto Mil Viviendas. Esto implica que el control se lleve a cabo de manera preventiva, constante y en tiempo real, en lugar de realizarse posteriormente, una vez que los recursos hayan sido ejecutados.
Torres Martínez aseguró a la CCC que, independientemente de los cambios de gobierno, el proyecto continuará su ejecución, ya que todos los contratos están firmados. Además, mencionó que, en caso hipotético de que las casas no se construyan, se devolvería el dinero y los intereses a cada municipio.
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