En el marco de las medidas cautelares adoptadas para proteger a las víctimas de desaparición forzada y graves crímenes en el Resguardo San Lorenzo y otros cementerios cercanos en Riosucio, Caldas, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha recuperado 35 hallazgos forenses (partes de cuerpos esqueletizados). Estas labores forman parte del mandato constitucional de la JEP para garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado.
El Grupo de Apoyo Técnico Forense (Gatef), perteneciente a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, ha llevado a cabo trabajos de investigación, prospección y exhumación en el cementerio El Carmen en Riosucio. Durante la tercera jornada de exhumación, que tuvo lugar del 29 de mayo al 2 de junio, se recuperaron 7 hallazgos forenses que fueron entregados al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para su identificación.
La JEP ha protegido un total de 68 áreas de interés forense en Riosucio, Caldas, de las cuales 15 corresponden al Territorio Ancestral y 53 se ubican en el cementerio El Carmen. Estos sitios podrían contener restos de miembros de las comunidades indígenas de San Lorenzo, Cañamomo y Lomaprieta, entre otros. En este proceso, la magistrada María del Pilar Valencia García, relatora de las medidas cautelares, ha aplicado un enfoque étnico y territorial, estableciendo un diálogo intercultural con las autoridades de los resguardos indígenas en Riosucio y Supía. Se busca incluir su voz en el proceso judicial y respetar su cosmovisión, en consonancia con el principio de la centralidad de las víctimas.
Precisamente, la Sección avanza en el trámite de la medida cautelar a raíz de la solicitud elevada por el Cabildo Central del Territorio Ancestral San Lorenzo y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice). En el proceso judicial, las mismas comunidades han percibido un cambio en la forma en que se administra la justicia y resaltan el avance que ello significa desde su cosmogonía. Así lo destacó Sori Mildonia Morales, gobernadora del Resguardo Indígena de San Lorenzo. Por su parte, Arnobia Moreno, coordinadora de Justicia Propia del Resguardo Indígena de Cañamomo y Lomaprieta, subrayó las decisiones adoptadas por la Jurisdicción y la importancia del diálogo entre la Jurisdicción y su sistema.
“Vemos muy importante todos los procesos con la JEP. Me motivó mucho estar acá y creo que la única manera que podemos entre todos colaborarnos es ayudar a esclarecer los hechos que pasaron en el territorio a través de estos enlaces entre las instituciones y comunidades indígenas», expresó.
La medida cautelar fue solicitada por el Cabildo Central del Territorio Ancestral San Lorenzo y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice). Las comunidades involucradas han percibido un cambio en la administración de justicia y destacan el avance que esto representa desde su perspectiva cultural.
La JEP también ha coordinado con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd) para brindar beneficios a las víctimas involucradas en el proceso cautelar, incluyendo jornadas de atención integral y la toma de muestras biológicas de ADN para facilitar la identificación de los hallazgos y la entrega digna a los familiares de las víctimas.
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