El ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Osuna Patiño, el senador Ariel Ávila, y el representante a la Cámara, Alirio Uribe Muñoz, revelaron las principales líneas del proyecto de ley para la sujeción y desmantelamiento de estructuras criminales de alto impacto, que contempla penas efectivas de cárcel sin descuentos ni redención, el procesamiento por parte de la justicia ordinaria y garantías de reparación a las víctimas.
El texto de la iniciativa, en cuya construcción también jugaron un papel activo los senadores del Pacto Histórico Iván Cepeda y Roy Barreras fue revisado por el presidente Gustavo Petro y será presentado en las próximas horas al Consejo Nacional de Política Criminal.
Las personas que se acojan a esta oferta del Estado tendrán penas privativas de libertad en cárceles ordinarias impuestas por autoridades judiciales, según procedimientos dispuestos en la ley: @MinjusticiaCo sobre la ley y de sujeción y desmantelamiento de estructuras criminales.
En rueda de prensa, el jefe de la cartera de Justicia explicó que este proyecto busca conminar a las estructuras armadas organizadas a reconocer el ordenamiento legal colombiano para que entreguen sus armas, rutas, bienes ilícitos, y en general, cualquier método de intimidación y control territorial.
Osuna Patiño reveló que los cabecillas y mandos medios serán condenados a penas efectivas de cárcel entre seis y ocho años, sin derecho a detención domiciliaria, libertad condicional, permiso de 72 horas, ni redención de penas por trabajo y estudio. Aclaró que una vez cumplida la condena efectiva en cárcel tendrán cuatro años de libertad vigilada, tiempo en el que deberán desarrollar actividades restaurativas del tejido social y dirigidas a reparar a las comunidades afectadas por su accionar criminal.
“La oferta que hace el Estado colombiano a estas estructuras armadas es que, si cumplen con todos estos requisitos de entrega de verdad, aceptación de responsabilidad penal, desmantelamiento de la banda, reparación a las víctimas, se les sustituirá la pena ordinaria que les corresponda según la ley, por una que irá entre seis a ocho años de cárcel efectiva sin beneficios”.
El ministro anunció que los bienes recuperados serán utilizados por el Estado para reparar a las víctimas y explicó que como incentivo para la entrega de todos los bienes adquiridos producto de actividades ilícitas se les concederá a los procesados un beneficio que puede llegar al 6 % del valor de ellos, como está establecido actualmente en la Ley de Extinción de Dominio.
Agregó que “el proyecto de ley no menciona, ni afecta, ni altera las reglas vigentes en las que el Estado colombiano se ha comprometido sobre extradición. Esto se seguirá rigiendo por los tratados hasta ahora vigentes y aplicables, y no le confiere a quienes se acojan ningún estatus político”.
A su turno, el ponente del proyecto en el Senado, Ariel Ávila, explicó que con esta iniciativa no se contempla la creación de una jurisdicción especial ni de nuevos procedimientos. “No hay estatus de beligerancia ni reconocimiento político”.
Explicó además que el proyecto tendrá un riguroso mecanismo de contrastación para evitar colados en las listas de las estructuras que se sujeten a este procedimiento. “En caso de comprobar colados, habrá exclusión para estructuras y apertura de investigación para quienes paguen para beneficiarse”.
Por su parte, el también ponente en la Cámara de Representantes, Alirio Uribe Muñoz, aclaró que para acogerse a la ley es necesario: reconocer la responsabilidad, contribuir a la verdad y a la reparación de las víctimas, participar en los programas de reintegración, suspender todas las actividades ilícitas, desmantelar la estructura armada, entregar las armas y todos los bienes activos que estén vinculados a estos grupos ilegales.
Insistió además en que “las víctimas van a ser reconocidas, sus derechos serán garantizados y podrán participar en todo el procedimiento: en las audiencias, interponer recursos, incidentes de reparación y hacer peticiones de verdad”.
BC Noticias
