Por Natalia López Arboleda-Politóloga UAM -Especialista en Contratación Pública UM
Una verdadera sociedad se caracteriza por su capacidad para proteger a los más vulnerables, pero en Colombia, la protección de los niños se salió de las manos. El reciente caso de Jerónimo Angulo (3 años), -asesinado por su padrastro- y casos como los de Maximiliano Tabares (6 años) – asesinado por su madre y padrastro-, Yuliana Samboní (7 años), -asesinada por Rafael Uribe Noguera- Luis Santiago Lozano (11 meses), –asesinado por su padre- y Sara Sofía Galván (2 años), –desaparecida por su madre y su padrastro- son solo algunos ejemplos dolorosos de una realidad que nos confronta como sociedad y nos obliga a cuestionar el papel del Estado en la protección de la infancia.
La frecuente ola de casos de niños y niñas asesinados en Colombia deja al descubierto una enorme falla social. Trágicamente, estas historias de horror no son incidentes aislados, sino síntomas de un sistema quebrantado y una sociedad que aún no logra tener un ambiente seguro para los más vulnerables. A pesar de las protestas masivas y la presión pública, casos similares siguen ocurriendo sin que las autoridades logren prevenirlos o castigar a los responsables.
Jerónimo Angulo de tres años, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en Fusagasugá, es solo el último capítulo de una serie de tragedias que han sacudido a nuestra nación. Con cada caso, surge la misma pregunta desgarradora ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI, los niños sigan siendo víctimas de la crueldad humana? ¡Nos quedamos en el subdesarrollo!
¡Una cosa es muy clara y es que el Estado colombiano ha fracasado en garantizar la protección adecuada para nuestros niños y niñas! La falta de recursos, la corrupción, la impunidad y la falta de voluntad política han creado un caldo de cultivo para que la violencia de este tipo prospere impunemente.
El caso particular de Yuliana Samboní y cuyo brutal asesinato conmocionó a la nación en 2016, ejemplifica el fracaso sistémico en la protección de los niños. Un hecho preocupante es la reducción de la pena de cárcel de Rafael Uribe Noguera, el perpetrador del crimen de Yuliana, debido a su «buen comportamiento y participación en actividades ocupacionales» durante su tiempo en prisión. Este hecho refleja una falla en el sistema judicial y pone en evidencia la necesidad de reformas urgentes para garantizar la justicia y protección de los niños en Colombia.
Se necesitan políticas públicas que sean realmente aplicables, recursos adecuados y un compromiso real para enfrentar este problema de manera integral. Esto incluye mejorar el sistema de atención a la infancia, fortalecer las leyes de protección infantil, garantizar que los culpables de abuso y violencia sean llevados ante la justicia y que ¡En ningún caso, se presente la reducción de penas!
El verdadero progreso de una nación se mide por cómo trata a los más vulnerables y, en este sentido, Colombia tiene un largo camino por recorrer. Enfrentemos esta dolorosa realidad y hagamos todo lo necesario para proteger a nuestros niños y niñas, porque ninguno de ellos debería vivir con miedo, ni debería convertirse en otra estadística trágica en nuestra historia nacional.
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