La labor investigativa de la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, fue determinante para que tres integrantes del entramado criminal que articuló el excongresista Mario Alberto Castaño Pérez reconocieran su responsabilidad en varias actuaciones ilegales, que buscaban direccionar y comprometer la contratación pública en algunas regiones del país.
Se trata del exalcalde de Norcasia (Caldas), el contratista Wilmar Herrera Gallego; el ingeniero civil y exsecretario de Planeación de Manzanares (Caldas), Juan Sebastián Vargas Marín; y Jhon Alexander Sánchez Giraldo. Estas personas aceptaron los cargos mediante preacuerdo y recibirán diferentes condenas.
En el curso de la investigación se demostró que Herrera Gallego se desempeñó como facilitador de proyectos y contratista, y se interesó de manera indebida en dos contratos. Producto de la negociación judicial será sentenciado a cuatro años y cinco meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos.
Adicionalmente, deberá cumplir un componente de reparación que consiste en la donación de una colección de libros a un colegio de Manizales (Caldas), por un valor de tres millones de pesos.
De otra parte, se evidenció que Vargas Marín intervino en la estructuración y direccionamiento de seis contratos, de tal manera que quedaran en manaos de personas referenciadas por el excongresista Castro Pérez. Producto del preacuerdo suscrito, recibirá una pena de cuatro años y tres meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos.
En lo que respecta a la sanción restaurativa pactada, entregó libros a la Alcaldía de Risaralda (Caldas), avaluados en más de cinco millones de pesos; y tendrá que dictar cinco charlas pedagógicas de prevención del delito a estudiantes de ingeniería civil de Manizales.
Finalmente, la Fiscalía estableció que Sánchez Giraldo intercedió irregularmente en tres contratos que superaron los 10.256 millones de pesos. Esta persona será condenada a cinco años y tres meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos, y deberá contribuir con 20 millones de pesos para dotar el gimnasio de la cárcel La Modelo de Bogotá, donde permanece privado de la libertad.
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