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Intensifican los controles contra el trabajo infantil en Manizales

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La Secretaría de Gobierno de Manizales lleva a cabo operativos en el Centro Histórico y en el sector de El Cable para controlar la instrumentalización de menores en labores prohibidas por el Ministerio del Trabajo. Estos esfuerzos han llevado a poner a disposición más de 60 menores que ejercían mendicidad en las calles, y se ha aplicado la Ley 1453 de 2011, que penaliza la utilización de menores para trabajo infantil.

En el marco del mes de la Lucha contra el trabajo infantil, la Secretaría de Gobierno de Manizales ha intensificado los controles para prevenir y combatir este flagelo en la ciudad. Recientemente, se llevó a cabo un operativo relámpago en el Centro Histórico y en el sector de El Cable, con el objetivo de controlar la instrumentalización de menores en labores que están prohibidas por el Ministerio del Trabajo.

Durante el año 2022 y lo que va del 2023, se han realizado diferentes operativos liderados por la Secretaría de Gobierno, la Policía Metropolitana y el ICBF, los cuales han arrojado resultados positivos en la identificación y protección de menores en situación de trabajo infantil. Natalia Montoya Osorio, profesional de la Secretaría de Gobierno de Manizales, informó que gracias a estos operativos se han puesto a disposición más de 60 menores que ejercían mendicidad en las calles.

En el último operativo realizado, se logró el traslado de un menor al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), debido a que estaba siendo instrumentalizado para ejercer prácticas de trabajo que están prohibidas en el país. Es importante destacar que los padres de familia que utilizan a sus hijos para este tipo de actividades podrían perder sus derechos y también incurrir en un delito.

Es relevante recordar que la Ley 1453 de 2011 modificó el Código Penal e introdujo una conducta punible que sanciona a las personas que utilicen menores de edad para ejercer el trabajo infantil. De acuerdo con el artículo 93 de dicha ley, aquellos que utilicen, instrumentalicen, comercialicen o hagan mendigar a menores de edad, directamente o a través de terceros, podrían enfrentar una pena de prisión de tres a siete años. Al mismo tiempo, se prevé que el menor sea conducido al ICBF para aplicar las medidas de restablecimiento de derechos correspondientes.

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