Un total de 28 entidades del Gobierno nacional atendieron la convocatoria realizada por la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras para exponer su posición frente a las 117 recomendaciones plasmadas en su Séptimo Informe, el cual fue radicado el pasado mes de agosto ante el Congreso de la República.
De las recomendaciones presentadas por la comisión, 84 fueron acogidas de manera total, 16 parcialmente y 17 no fueron aceptadas, conceptos que fueron remitidos con la correspondiente justificación por parte de las entidades del Gobierno.
La Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y los delegados de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas, que integran la comisión, convocaron a los representantes de los ministerios de Salud y Protección Social, Interior, Hacienda y Crédito Público, Vivienda, Ciudad y Territorio, Trabajo, Justicia y del Derecho, Agricultura y Desarrollo Rural, Educación Nacional, Comercio Industria y Turismo, Defensa y Relaciones Exteriores.
También asistieron delegados del Departamento Nacional de Planeación, Prosperidad Social, la Unidad para las Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras, el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el exterior –ICETEX- y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA-.
Igualmente, acudieron representantes de la Agencia de Renovación del Territorio, la Agencia Nacional de Tierras, el Centro Nacional de Memoria Histórica, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF-, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Fiscalía General de la Nación, la Superintendencia de Notariado y Registro, el Banco Agrario, el Consejo Superior de la Judicatura, Fiduagraria y la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación.
La comisión continuará el análisis de la información entregada por las entidades participantes, tanto en la sesión realizada como en respuestas escritas, para verificar la acogida de las recomendaciones e insistir en los aspectos que se requieran.
Sin embargo, le preocupa que los recursos destinados hayan resultado insuficientes para satisfacer los derechos de las víctimas. Se espera que el ejercicio realizado por el Gobierno conlleve a una mayor asignación para atender a esta población.
Si bien el Gobierno reconoció algunas de las dificultades evidenciadas en el informe de la comisión, los órganos de control advirtieron que se requieren mayores esfuerzos en temas como generación de ingresos, Centros Regionales de Atención a Víctimas, retornos y reubicaciones.
La comisión reiteró su solicitud de fortalecer la articulación institucional y mejorar la implementación de los programas para lograr la estabilización socioeconómica de las víctimas en un tiempo razonable.
Igualmente, valoró la disposición y compromiso de dichas entidades para atender las recomendaciones de los órganos de control y de la Mesa Nacional de Víctimas, y destacó que, frente al escenario de financiación de la ley, el Gobierno nacional haya informado que se encuentra trabajando en la actualización de los documentos CONPES 3712 de 2011 y 3726 de 2012, con el fin de ajustar las metas para avanzar en la garantía de la reparación de los más de nueve millones de víctimas del conflicto armado.
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Durante las sesiones, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio informó que ya formuló la política pública de vivienda rural con un criterio de priorización frente a las víctimas del conflicto armado. Se anunció que a 2022 se espera beneficiar a 10.299 hogares rurales.
También se reconoció que la Unidad para las Víctimas haya realizado los cálculos y análisis para establecer el universo de víctimas sujetas de la indemnización, lo que facilitará el costeo y seguimiento a la implementación de esta medida.
La comisión instó a las entidades del Gobierno para que en la puesta en marcha de las recomendaciones acogidas, adopte e implemente acciones que resulten efectivas para garantizar los derechos de las víctimas, pues del análisis y seguimiento realizados por los órganos de control se concluye que la respuesta institucional no permite superar las dificultades identificadas en la implementación de la política pública.
BC Noticias
