Por Diego Armando Cárdenas Rendón -Licenciado en Filosofía y Letras
El próximo presidente de los colombianos deberá enfrentar dos retos económicos para disminuir la brecha social que ubica al país como uno de los más desiguales de América Latina y el mundo; desempleo y pobreza. Índices bastante profundos dadas las condiciones socioeconómicas actuales y la cuestionable administración de Iván Duque.
En 2018 Juan Manuel Santos entregó su cargo con un nivel de desempleo del 9 % quizá una de los mayores logros de su gestión, ahora las mediciones del DANE indican que esa cifra ronda el 11 % es decir que, en estos últimos cuatro años, en medio de la pandemia, el inicio de su superación y la inestabilidad numérica aumentó 2 %.
El primer argumento de la situación es, obviamente, el COVID – 19; el cierre inicial y luego las limitaciones a la movilidad afectaron directamente la economía, pero este no puede seguir mostrándose como una excusa de la situación, es necesario tomar medidas que mejoren las condiciones laborales de los colombianos. Más la administración de Duque, con la dinámica de ofrecer gabelas a los grandes empresarios y créditos de endeudamiento a los pequeños, solo afectó la clase obrera.
En cuanto a los niveles de pobreza hay que hacer una distinción entre pobreza multidimensional y pobreza monetaria; la primera entendida como falta de acceso a derechos fundamentales; salud, educación, vivienda, entre otros. Mientras que la segunda se refiere al nivel de ingresos en un hogar para sustentar sus gastos básicos, alimentación, servicios, ropa.
Según el DANE la pobreza multidimensional en 2018 rondaba el 20 % y la monetaria el 27 %, las cifras expuestas a finales del 2021 indicaron un aumento preocupante hasta llegar al 40 % de pobreza monetaria, es decir que las familias presentan mayores obstáculos para el sostenimiento de vida. En cuanto a la pobreza multidimensional en 2021, se ubicó en 16 %, presentando una disminución del 4 %, un avance en medio de las difíciles condiciones nacionales.
Con este panorama el futuro mandatario debe emprender acciones reales y sustanciales que disminuyan la brecha social y aumenten la calidad de vida de la nación, más allá de la entrega de subsidios a los menos favorecidos. Si bien, son una medida inmediata; con ellos persisten los profundos problemas económicos, no solo porque son pocos quienes los reciben, sino porque se convierten en un gasto estatal que difícilmente retornará como ganancia social.
En su lugar, se hace imperativo constituir políticas públicas que quiten privilegios a las multinacionales y otras grandes empresas para trasladarlas a los pequeños y medianos empresarios, que los lleven a contratar personal cualificado para un desarrollo empresarial de base. De esta manera la situación de muchas familias será la beneficiada, sin la obligación de adquirir créditos que terminan ahogando las microfinanzas del país.
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