La salud en el departamento de Caldas atraviesa uno de sus momentos más críticos. La Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC) lanzó un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las EPS ante una cartera morosa que ya alcanza los 788.000 millones de pesos, cifra que pone en jaque la sostenibilidad de la red pública y privada de hospitales.
Un sistema al borde del colapso financiero
La directora de la DTSC, Natalia Castaño Díaz, advirtió que, a pesar de las mesas de trabajo con entes de control como la Contraloría, Procuraduría y la Supersalud, no se han concretado soluciones efectivas. Esta falta de flujo de recursos impacta directamente en tres pilares fundamentales:
- Talento Humano: Dificultad para el pago de salarios y estabilidad de los profesionales de la salud.
- Insumos Médicos: Problemas en la compra de suministros básicos y medicamentos.
- Servicios Especializados: Cierre o restricción de servicios de alta complejidad por falta de recursos.
«El no tener los pagos efectivos genera un detrimento importante en nuestros profesionales de la salud y en la compra de insumos», afirmó Castaño Díaz.
Pacientes con cáncer: los más afectados
Uno de los puntos más alarmantes de la crisis es la atención oncológica. La millonaria deuda ha provocado que pacientes con cáncer enfrenten demoras de meses en sus tratamientos o se vean obligados a desplazarse fuera del departamento para ser atendidos. Esta situación agrava los cuadros clínicos y pone en riesgo la vida de los caldenses, incluso cuando el departamento cuenta con la infraestructura física para tratarlos.
Presión en Manizales y La Dorada
La crisis no distingue niveles de atención. Desde los hospitales de primer nivel en los municipios más pequeños hasta los centros de alta complejidad en Manizales y La Dorada, la presión financiera es insostenible. Los hospitales continúan atendiendo urgencias vitales, pero la continuidad de los tratamientos preventivos y especializados está seriamente comprometida.
La Gobernación de Caldas y la DTSC insisten en que se requiere una intervención inmediata del Ministerio de Salud para sanear las deudas y evitar un cese de actividades que dejaría a miles de ciudadanos sin acceso al derecho fundamental de la salud.








