La Personería de Manizales interpuso un incidente de desacato ante el Tribunal Administrativo de Caldas tras confirmar que Nueva EPS, Cafam y Discolmets han incumplido las medidas cautelares para la entrega de medicinas, dejando más de 127.000 fórmulas pendientes.
La crisis en la entrega de insumos médicos en Manizales ha escalado a una nueva etapa judicial. La Personería Municipal presentó formalmente un incidente de desacato contra los representantes legales de la Nueva EPS, así como de los operadores Cafam y Discolmets, debido al incumplimiento sistemático de las órdenes judiciales dictadas desde octubre de 2025.
La acción legal surge tras evidenciar que las entidades han desatendido las medidas cautelares ordenadas por el Tribunal Administrativo de Caldas el pasado 22 de octubre. Entre las fallas detectadas se encuentran la falta de entrega oportuna de fármacos, la ineficacia en el sistema de entrega domiciliaria —que no debe superar las 48 horas— y la inexistencia de un plan de mejoramiento real que garantice el acceso a los tratamientos.
Cifras críticas: Más de 127 mil medicamentos pendientes
Durante las visitas de inspección técnica a los dispensarios y el análisis de las quejas radicadas por los usuarios, la Personería constató una realidad alarmante para la salud pública de la ciudad. Con corte al 19 de febrero de 2026, se registraba un acumulado de 127.000 medicamentos pendientes de entrega en los puntos de distribución autorizados.
La gravedad del panorama se acentúa al observar que, de esa cifra total, al menos 63.000 fórmulas médicas corresponden exclusivamente a los meses de enero y febrero del presente año. Según el Ministerio Público local, estas cifras demuestran que las medidas adoptadas previamente por el Tribunal no se han cumplido en su integridad, vulnerando el derecho fundamental a la salud de miles de caldenses.
Exigencia de sanciones inmediatas
Ante la persistencia de las barreras de acceso, la Personería de Manizales ha solicitado al Tribunal Administrativo adoptar acciones contundentes para asegurar el cumplimiento inmediato de las sentencias. La entidad busca que se impongan las sanciones legales por desacato a los responsables del servicio, con el fin de presionar una solución definitiva a la intermitencia en los suministros.
El objetivo primordial de esta acción es proteger la vida de los pacientes, especialmente de aquellos con patologías crónicas, garantizando que reciban su medicación de manera oportuna y continua. El despacho judicial deberá evaluar ahora las pruebas presentadas por la Personería para determinar la responsabilidad de los directivos de la EPS y los dispensarios involucrados.










