Una operación conjunta de la Policía, el Ejército y Corpocaldas permitió inhabilitar maquinaria avaluada en más de $755 millones, utilizada en minería ilegal en zona rural del municipio de Pácora, Caldas.
La Policía Nacional en Caldas, en articulación con el Ejército Nacional y la Corporación Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas), adelantó la Operación “Florencia XVII”, un operativo orientado a combatir la explotación ilícita de yacimientos mineros en la vereda La Estación, jurisdicción del municipio de Pácora.
La acción fue liderada por la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, tras labores de inteligencia, investigación técnica y verificación en terreno, que permitieron evidenciar un grave daño ambiental sobre la cuenca hídrica de la quebrada Pácora.
Afectación directa a la cuenca hídrica del río Cauca
Según el informe oficial, la quebrada Pácora —afluente del río Cauca, reconocido como sujeto de derechos— presentaba alteraciones significativas debido a actividades de minería a cielo abierto sin permisos ambientales ni mineros.
Las autoridades establecieron que estas labores ilegales generaban la remoción indiscriminada de la cobertura vegetal, modificación del cauce natural, así como el vertimiento de sedimentos y sustancias potencialmente contaminantes, poniendo en riesgo la biodiversidad y la salud de las comunidades cercanas.
Maquinaria inhabilitada supera los $755 millones
Durante el desarrollo del operativo, las autoridades lograron la incautación e inhabilitación de maquinaria y equipos utilizados para la extracción ilícita de minerales.
Entre los elementos intervenidos se encuentran dos excavadoras, una draga tipo buzo, una clasificadora metálica, un motor industrial y seis motobombas, con un avalúo superior a los $755 millones de pesos.
De acuerdo con la Policía, esta acción impacta de manera directa la capacidad logística, operativa y económica de las personas dedicadas a esta actividad ilegal en la zona.
Prevención de delitos ambientales en Caldas
Con la Operación Florencia XVII, las autoridades buscan mitigar la comisión de delitos ambientales y reducir la degradación de los ecosistemas estratégicos del departamento.
Según señalaron las entidades participantes, el procedimiento evita el vertimiento de químicos, hidrocarburos y sedimentos que generan desplazamiento, intoxicación y muerte de fauna silvestre, además de la pérdida de la calidad del recurso hídrico.
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