La Alcaldía de Manizales, a través de la Secretaría de Movilidad, expidió un decreto transitorio para regular los precios del transporte público colectivo urbano, acatando una medida cautelar dictada por el Juzgado Octavo Administrativo Oral de la ciudad.
La decisión judicial se originó dentro de un proceso de nulidad interpuesto contra el Decreto 0639 de 2025. El despacho ordenó revisar detalladamente el estudio de costos que sustentaba los incrementos de este año, exigiendo mayor claridad en la justificación de los componentes salariales, prestacionales y los criterios del Decreto Nacional 2660 de 1998.
Tras realizar la revisión técnica exigida por el juez, la administración municipal determinó congelar y mantener los valores que se venían cobrando al usuario. Estas tarifas operarán de forma provisional mientras se formula un nuevo estudio integral de costos con el acompañamiento de las veedurías ciudadanas.
Antes de la firma del documento definitivo, la Secretaría de Movilidad lideró una jornada de socialización del proyecto normativo con los gerentes de las empresas transportadoras, concejales, asociaciones de usuarios y delegados de los organismos de control para garantizar la transparencia del proceso.
“Adoptamos unas tarifas transitorias que mantienen los valores actualmente aplicados, mientras avanzamos en la construcción del nuevo estudio integral de costos ordenado por el despacho judicial”, explicó el secretario de Movilidad de Manizales, Juan Felipe Álvarez Castro.
Tarifas vigentes en el transporte colectivo
El esquema de precios fijado de manera transitoria para el perímetro urbano de Manizales se distribuye de la siguiente manera:
| Tipo de Vehículo / Servicio | Tarifa Transitoria |
| Buses de servicio básico | $3.000 pesos |
| Busetas y servicio ejecutivo | $3.250 pesos |
| Microbuses (colectivos) | $3.350 pesos |
Las empresas prestadoras del servicio de transporte están obligadas a exhibir estas tarifas en las planillas o calcomanías frontales de los vehículos. Cualquier cobro superior a los valores pactados en el decreto podrá ser denunciado por los ciudadanos ante los inspectores de tránsito.
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