En el marco del Diálogo de Liderazgo, organizado por el Instituto Atlántico y la Universidad Francisco de Vitoria, el expresidente, Andrés Pastrana, se refirió a la “larguísima carta” que recibió en octubre de la entonces presidente de la JEP, en la que -dijo- expone el régimen legislativo de las varias competencias de la JEP en “términos bien verbosos, que darían mucho crédito a cualquier trabajo estudiantil de tercer semestre, argumentando que nuestros interrogantes son procesos complejos que están en camino, o, que se pondrán en camino y que en cuanto a sanciones falta esperar hasta que algún día órganos competentes lleguen a fallos”.
El expresidente Pastrana fue enfático en la importancia no solo de hacer justicia, sino que se vea que se hace justicia.
Reiteró que parte de esa justicia es el factor tiempo. “Cada día, cada mes que pasa sin que los miles de víctimas sientan que hay justicia, no solamente hace sufrir a las víctimas mismas, sino que asalta y dilata todo el sistema de justicia del país, y con él, la paz dentro de nuestra sociedad. Ya es tiempo que demos a las víctimas, los niños y niñas violados, los secuestrados, los torturados, los miles de viudas e hijos sin padre, el pan de la justicia y no las meras migajas”.
En septiembre de 2020 el expresidente pidió a los magistrados de la JEP, aclaración de varios puntos clave:
Ø El vínculo indisoluble entre confesión de la verdad y privilegios para los delincuentes a la luz de la manifiesta manipulación de los hechos en la propia cara de las víctimas.
Ø La reacción de las entidades competentes al interior de la JEP para sancionar la falta a la obligación elemental de una verdad.
Ø La exclusión de la JEP a todos los máximos responsables de las Farc que han faltado a la verdad en sus declaraciones ante ese organismo.
Ø La implementación efectiva de la responsabilidad de la cúpula y de otros superiores por los delitos que se cometieron con su instigación o su beneplácito, en particular, los delitos de secuestro, reclutamiento de menores, violencia sexual contra niños y contra las mujeres, otros delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Recordó que hace más de 4 años con el apoyo de destacados expertos “en un esfuerzo constructivo para conciliar el proceso de La Habana con el rotundo NO que pronunció el pueblo colombiano en el Plebiscito de 2016”, presentó al Gobierno Santos, una propuesta “para remediar lo pactado con las fuerzas subversivas de las Farc, que se fundamentó en algunos ejes reflejando el temor de una justicia claudicante en pro de la delincuencia subversiva y en contra de las miles y miles de víctimas”.
Dijo que insistió entonces en una estricta condicionalidad de privilegios penales en términos de plena confesión de la verdad y la completa entrega de bienes acumulados como fruto de la guerra contra la sociedad; en que se acabaran los cultivos ilícitos y eliminar la conexidad entre narcotráfico y delito político.
Propuso un claro límite temporal al sistema de justicia transicional con el requisito de que el impulso e inicio de los procesos manejados por la JEP se deberían producir dentro de los dos (2) primeros años de existencia. “Finalmente propusimos la figura del amicus curiae, una especie de Magistrado extraordinario sin derecho a voto. Fue lo único que el presidente Santos tuvo en cuenta de lo que le propusimos.
Hoy, -afirmó-, iniciado el año 2021, “ha llegado el momento de hacer un balance de la implementación de los acuerdos de La Habana y de la para-Constitución que lograron inventarse sagaces abogados nacionales e internacionales uno de ellos y posiblemente el ideólogo de ésta para-constitución, hoy miembro del parlamento español y secretario del Partido Comunista Enrique Santiago- a quienes tuvieron que enfrentar los bien intencionados emisarios del entonces gobierno”.
El exmandatario colombiano manifestó que las bases o parámetros fundamentales del que llamó “nefasto acuerdo de La Habana”, verdad, justicia, reparación y no repetición, no se han visto. “Lo dije a la JEP, aseguró: si ellos, la Farc, fueron ante un Tribunal de la Justicia y faltaron a la verdad, deberían pasar de una justicia transicional y una justicia ordinaria. Llevamos cuatro (4) años y no hay una sentencia importante de la Justicia Especial para la Paz contra ninguno de los líderes”.
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