ProQuindío, ProRisaralda y ProCaldas emitieron este 2 de septiembre un comunicado conjunto en defensa de las Alianzas Público–Privadas (APP), destacando su impacto en la modernización de la infraestructura nacional y el desarrollo regional, especialmente en el Eje Cafetero.
APP han transformado la conectividad y la inversión en Colombia
Los gremios respaldaron el modelo de APP con cifras contundentes. Según Fedesarrollo (2024), la inversión en infraestructura vial pasó del 1 % del PIB en el siglo XX al 1,5 % en el siglo XXI gracias al capital privado. Además, por cada peso invertido en obras civiles se generan 2,25 en PIB, 2,46 en salarios y 4,9 en impuestos (Fedesarrollo, 2023).
El programa 4G, impulsado bajo este esquema, movilizó 40,8 billones de pesos, generó 167.400 empleos y redujo en promedio un 30 % los tiempos de viaje y un 20 % los costos de operación, según datos de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI, 2023).
En el Eje Cafetero, las APP han sido clave para fortalecer el comercio, la agroindustria, la logística y el turismo, mejorando la conectividad entre regiones estratégicas.
Modelo de colaboración que fortalece al Estado
Las entidades firmantes subrayaron que las APP permiten sumar capacidades técnicas, financieras y de gestión entre el Estado y el sector privado, sin reemplazar la función pública, sino fortaleciéndola. Esta colaboración ha permitido ejecutar proyectos que serían inviables bajo esquemas tradicionales.
“Las APP, bien estructuradas, en un marco legal maduro como el colombiano, son una vía legítima y fundamental para sacar adelante los proyectos que requiere el país”, señala el comunicado.
Llamado a mantener y fortalecer las APP
Los gremios advirtieron que desmontar este esquema sería un retroceso costoso que pondría en riesgo la competitividad y sostenibilidad del desarrollo nacional. En un contexto de limitaciones fiscales, las APP permiten al Estado concentrarse en sectores prioritarios como salud, educación y superación de la pobreza.
“Lo esencial es que cualquier modelo de concesión responda al interés general, incluya mecanismos sólidos de participación y transparencia, y tenga como ejes centrales el bienestar ciudadano, el progreso de las regiones y la equidad territorial de las inversiones”, concluye el comunicado.
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