La Corporación Cívica de Caldas (CCC) expresó su preocupación ante la grave situación que se vive en el control fiscal del departamento. A 11 meses de haber iniciado el nuevo gobierno departamental, hoy Caldas no cuenta con un contralor departamental en firme. El proceso de selección se ha dilatado a través de acciones de tutela.
Algunas de estas acciones han sido presentadas por empleados actuales de la Contraloría Departamental de Caldas, subordinados del contralor encargado Jorge Andrés Gómez Escudero, e incluso por personas vinculadas a empresas contratistas de esa entidad.
Al respecto, la CCC hizo las siguientes alertas:
1. La CCC quiere resaltar el rol fundamental que juega la Contraloría Departamental en la lucha contra la corrupción. Cumple con funciones de investigación oficial, de imposición de planes de mejoramiento y de sanciones de cierre a las quejas presentadas por actores ciudadanos. Sin embargo, para la CCC esta interinidad no presta las garantías suficientes para considerar que existe una plena legitimidad e independencia de las funciones de la entidad, toda vez que su cabeza responsable se encuentra hoy vinculado por un mecanismo transitorio al previsto en la Constitución y las leyes. Esto deja en entredicho la capacidad y autonomía con la que hoy se está adelantando el control a los recursos públicos. También deja ver debilidades en la prioridad que la institucionalidad política le presta a esta función trascendental en lo fiscal del departamento.
2. Para la CCC es motivo de alerta que algunas de las acciones de tutela hayan sido presentadas por funcionarios actuales de la Contraloría de Caldas y por personas vinculadas a empresas contratistas de esa entidad. Esto permite considerar el riesgo que existe de que el actual contralor encargado o sus funcionarios tengan interés en dilatar el proceso, con el fin de mantenerse en el cargo por el periodo actual de 2 años e incluso postular su nombre para el periodo siguiente de 4 años. Se trata de un riesgo que podría dejarnos con una contraloría que, de hecho, tendría un periodo de 6 años, y que además privaría al departamento de gozar de la reciente reforma con la cual se espera que los periodos del contralor o contralora no coincidan con el del gobernador y los diputados.
3. La CCC presentará quejas ante la Procuraduría y la Auditoria General con el fin de esclarecer las causas o motivos por los que estos funcionarios de la Contraloría de Caldas han presentado estas acciones de tutela. Las cuales han dilatado el proceso y han impulsado a privar al departamento de contar con una entidad de control bajo toda la normalidad legal y constitucional. Igualmente eleva a la Asamblea Departamental que tome las medidas de control político y de otra naturaleza que le corresponda.
4. La CCC hizo un llamado a los jueces y tribunales encargados de estudiar estas acciones. Pide que implementen dentro de sus decisiones una interpretación integral y sistemática de los hechos, de tal forma que se considere no solo la vulneración de derechos individuales de aspirantes, sino también el respeto a otras garantías fundamentales de impacto general, así como de otras normas orgánicas que están llamadas a proteger el sistema de pesos y contrapesos regional. Esto con el fin de que en el ámbito de la tutela se reconozca también la situación de amenaza y vulneración de otros derechos que está dejando la dilatación del proceso de selección.
5. Bajo el estudio del actual contralor encargado se encuentran la queja por la compra de equipos de ventilación asistida, que la Territorial de Salud hizo a una empresa de insumos agrícolas, así como la queja por la licitación sin pluralidad de oferentes que adelantó la Gobernación de Caldas para las labores de vigilancia. Sobre estas investigaciones no se conocen resultados.
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