Opinión

Cruzada Anticorrupción

Por Natalia López Arboleda. Politóloga UAM. Especialista en Contratación Pública UM

La creación de la Mesa de Coordinación para la Lucha contra la Corrupción por el presidente Gustavo Petro, representa, al parecer, un paso crucial en la batalla continua contra la corrupción sistémica en el país. Esta iniciativa emerge en un momento crítico, tras los escándalos que han sacudido la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y subraya la urgencia de implementar mecanismos más sólidos y efectivos para combatir este flagelo.

La estructura y objetivos de la Mesa reflejan un enfoque integral y coordinado. Al incluir a altos funcionarios del Ejecutivo, como el ministro de Justicia, el director del Departamento Administrativo de la Función Pública y otros, se busca garantizar una respuesta rápida y efectiva a los actos de corrupción. La participación de la Secretaría de Transparencia como secretario técnico y la colaboración con entidades como la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, fortalece aún más esta iniciativa.

Sin embargo, la decisión de la Fiscalía General de la Nación de no participar en la Mesa plantea preguntas importantes sobre la autonomía y la certeza de este nuevo ente. La Fiscalía, manteniéndose al margen, asegura su independencia en la investigación de actos de corrupción, especialmente cuando involucran a funcionarios del gobierno. Este distanciamiento puede interpretarse tanto como un compromiso con la independencia investigativa como una señal de desconfianza hacia las intenciones y la eficacia de la Mesa.

El caso de los carrotanques en La Guajira, con sobornos estimados en $7,700 millones de pesos y la implicación de altos funcionarios y legisladores, expone la profundidad de la corrupción en las instituciones colombianas. Las declaraciones de Sneyder Pinilla, ex subdirector de la UNGRD, que apuntan a un esquema de sobornos para facilitar la aprobación de reformas gubernamentales, agravan aún más esta percepción. Es esencial que la Mesa no solo se limite a documentar y coordinar, sino que también actúe con firmeza para garantizar que estos crímenes no queden impunes.

La propuesta de emitir informes semestrales y la frecuencia de las reuniones mensuales y extraordinarias según lo determine el presidente, son mecanismos que, si se utilizan adecuadamente, pueden proporcionar transparencia y rendición de cuentas. No obstante, el verdadero reto radica en la implementación de las medidas propuestas y en la capacidad de la Mesa para incidir realmente en la prevención, detección, investigación y sanción de conductas corruptas.

La creación de la Mesa de Coordinación para la Lucha contra la Corrupción, es un avance significativo en el compromiso del gobierno de Gustavo Petro para enfrentar uno de los problemas más arraigados en Colombia, pero su éxito dependerá de la verdadera independencia de las investigaciones, la implementación rigurosa de sus medidas y la capacidad para generar un cambio real y sostenible en la cultura de la administración pública. Solo el tiempo dirá si esta iniciativa será recordada como un hito en la lucha contra la corrupción o simplemente como una reacción ante un escándalo más.

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