Los concejales Adriana Arango Mejía y César Augusto Díaz Zapata fueron los proponentes de la sesión de control político a la Contraloría de Manizales para conocer el informe de gestión del año 2020, sobre las auditorías realizadas a todos los institutos descentralizados, a las Secretarías de Hacienda, Medioambiente y a la Secretaría de Planeación en todo lo relacionado a la plusvalía y al expediente municipal en cumplimiento del Plan de Ordenamiento Territorial, hallazgos del desempeño de la Administración Municipal, los resultados de la auditoría realizada por la Auditoría General de la Nación a la Contraloría Municipal y el proceso de certificación.
Durante su intervención, la Contralora, Jenny Constanza Osorio Vélez, expresó que durante el año pasado se respondieron 196 peticiones, quejas o reclamos que llegaron a la entidad y de las cuales 24 están relacionadas con Covid. De la misma manera, dio a conocer que se hizo acompañamiento a las veedurías ciudadanas.
Con relación a la vigencia pasada, la contralora manifestó que se realizaron 71 auditorías (19 exprés, 51 especiales y 1 de piloto de desempeño).
Los beneficios de control fiscal son impactos positivos en el sujeto de control o entidad auditada … estos beneficios consisten en ahorros, recuperaciones, compensaciones, mitigaciones, que permiten el mejoramiento de la gestión pública”, manifestó la contralora, quien explicó que el año pasado el total de beneficios fue de $8.483 millones.
Osorio Vélez dijo que se tuvieron dos hallazgos para la Secretaría de Medio Ambiente en el informe definitivo de auditoría gubernamental y siete hallazgos mediante informe de auditoría integral. Con relación a la plusvalía “se debe establecer que para la vigencia 2020 no se realizaron auditorias con dicho objeto de análisis y que la última valoración realizada por este ente de control para este tema se desarrolló en el año 2018 mediante auditoría exprés a la Secretaría de Planeación”, explicó la contralora.
LOS CUESTIONAMIENTOS
La concejala Adriana Arango Mejía manifestó que era necesario tener una visión más clara de cómo se vienen desarrollando los proyectos en el Municipio y consideró que es una debilidad que el plan de desarrollo de la Administración pase por el Concejo mientras que las ejecuciones de los entes descentralizados no se aprueben en la Corporación.
Por su parte, el concejal César Augusto Díaz Zapata solicitó ampliación sobre los datos de eficiencia y eficacia, con relación a la ejecución del plan de desarrollo.
En general, los concejales preguntaron sobre las actuaciones para casos como la deuda del Instituto de Cultura y Turismo con los artistas, contrato del Cable Aéreo, hospital público para animales, entre otros.
Frente a algunas solicitudes, la contralora manifestó que son trasladadas a la Procuraduría y Fiscalía, y que en estas entidades tienen reserva en cada uno de estos procesos.
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