La Fiscalía General de la Nación remitió a la Corte Suprema de Justicia una solicitud para que investigue a 28 congresistas por su presunta implicación en un esquema de corrupción relacionado con contratos del Instituto Nacional de Vías (Invías). Este caso podría superar en magnitud al escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), según fuentes oficiales.
La decisión de la Fiscalía se basa en el testimonio de María Alejandra Benavides, exasesora del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, quien habría proporcionado información detallada sobre las irregularidades en la adjudicación de contratos de infraestructura vial. Durante su declaración, Benavides mencionó a senadores y representantes de diversas bancadas políticas que, presuntamente, habrían solicitado beneficios en la asignación de contratos del Invías.
Entre los congresistas señalados se encuentran:
- Juan Loreto Gómez
- Olga Lucía Velásquez
- Katherine Miranda
- Wilmer Ramiro Carrillo
- Daniel Restrepo
- Wadith Peinado
- Juan Diego Muñoz
- Wilmer Castellano
- Silvio José Carrasquilla
- Álvaro Henry Monedero
- Elkin Rodolfo Ospina
- Wilder Iberson Escobar
- Milena Jaraba
- Sandra Aristizábal
- Kellyn Johana González
- Yamil Arana
- Juliana Aray Franco
- Néstor Leonardo Rico
- Willmer Yesid Guerrero
- Juan Diego Echavarría
- Efraín Cepeda
- Juan Carlos Garcés
- Juan Pablo Gallo
- José Alfredo Gnecco
- Liliana Bitar
- Karina Espinosa
La Fiscalía, liderada por la fiscal delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño, ha enviado la compulsa de copias a la Secretaría de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, presidida por el magistrado César Reyes. Este último deberá asignar, por sorteo, al magistrado ponente encargado de adelantar las indagaciones preliminares.
El proceso de investigación preliminar busca determinar si existen méritos suficientes para abrir una investigación formal contra los congresistas mencionados. El magistrado asignado deberá evaluar la viabilidad de vincular a los implicados mediante indagatoria, procedimiento clave para establecer si las acusaciones tienen sustento legal y probatorio.
«Nosotros al ser parte de esa comisión nos permite tener contacto con el Ministro de Hacienda y con sus asesores, de manera puntual con el Invias en el ejercicio como congresista en realidad ha sido muy complejo poder acompañar la gestión de mandatarios ante el Gobierno Nacional para que cumplan con su plan de desarrollo. Yo personalmente con el Invias no he desarrollado ningún tipo de gestión», señaló Wilder Escobar a Blu Radio.
BC Noticias
