Procuraduría solicitó a Colpensiones suspender provisionalmente las restricciones
La Procuraduría General de la Nación pidió a Colpensiones suspender provisionalmente las restricciones en el procedimiento administrativo con el cual se reconocen y pagan los auxilios funerarios, por presuntas irregularidades en la formulación de reglas y condiciones exigidas por la entidad para acceder a dicho trámite las cuales, al parecer, estarían por fuera del ordenamiento legal.
La Procuraduría Primera Distrital, además, ordenó la apertura de una indagación preliminar con el fin de evaluar y establecer la existencia de presuntas faltas disciplinarias y las razones por las que la entidad habría negado más de 30.000 solicitudes de auxilio funerario, entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de marzo de 2019.
El Ministerio Público inició la acción disciplinaria luego de que, en un informe preventivo, señaló que se podrían estar interpretando las disposiciones legales, ajenas al régimen del Sistema General de Seguridad Social (tal como el Estatuto Orgánico Financiero) de forma contraria a los principios constitucionales y legales.
Adicionalmente, el ente de control evidenció que se podrían haber incluido reglas, condiciones, requisitos o exclusiones en dicho trámite, sin tener en cuenta que la Ley 100 de 1993 dispone que la prestación económica en estos casos debe ser igual al salario o mesada pensional devengado por el trabajador o pensionado, sin que pueda ser inferior a 5 ni superior a 10 salarios mínimos, aún cuando Colpensiones estaría exigiendo soportes documentales como si se tratara de un reembolso de dinero.
Según la Procuraduría, la administradora de pensiones presuntamente está aplicando normas que son regulatorias para los planes exequiales de las aseguradoras y, por ende, estaría vulnerando el derecho de los pensionados y los afiliados de acceder a los auxilios funerarios interpretando de forma irregular lo dispuesto en la legislación vigente.
El órgano de control dispuso la práctica de pruebas, con el fin de identificar los presuntos responsables y verificar la comisión de posibles conductas irregulares, relacionadas con esta prestación económica.
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