Procuraduría abrió investigación a Erwin Arias por presuntas irregularidades en el PAE

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el entonces alcalde de La Dorada (Caldas), Erwin Arias Betancur (2012-2015), por presuntas irregularidades en la ejecución y supervisión de un convenio por valor de $570.157.720 pesos para garantizar la atención alimentaria de niños, niñas y adolescentes beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar (PAE). 

La decisión también involucra a los exdirectores Administrativo de la División de Educación, Juan Carlos Rozo Tapiero, y de la División de Bienes, Johana Guillén López y Jorge Iván Sepúlveda Escobar; a los exsecretarios de Salud, Leandro Augusto Gutiérrez; General y Administrativa, María Zulay León Alzate, y de Hacienda, Giovanny Giraldo Ascanio.

Se investiga si hubo incumplimientos en el desarrollo del convenio suscrito con la Asociación Juvenil Visión Futura, relacionados con la contabilización del menaje de los inventarios, la cantidad y el precio de las raciones entregadas por el operador, las cuentas maestras para la asignación especial de alimentación escolar y la supervisión de obligaciones contractuales.

Así mismo, se busca establecer si los investigados pudieron incurrir en falta disciplinaria por posibles omisiones en la complementación alimentaria de los alumnos de los colegios El Japón, sede principal; Buena Vista, sede Colegio Oficial Mixto Guarinocito; Guarinocito, sedes Escuela Francisco José de Caldas y Escuela La Bocana; y Nuestra Señora del Carmen, sede Escuela Antonio José de Sucre.

Al parecer, a una semana de cumplirse los 148 días pactados en el Convenio de Asociación N°. 19031503, del 19 de marzo de 2015 para la entrega de 47.360 desayunos a los estudiantes, solo habrían distribuido 2.560 raciones, y de los 107.744 almuerzos que debían prepararse en las instituciones educativas, solo habrían entregado 5.960. 

El ente de control ordenó la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares, determinar si constituyen faltas disciplinarias, esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se habrían cometido, y el posible perjuicio causado a la administración pública.

Los investigados podrán solicitar ser escuchados en versión libre.

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