Por Diego Armando Cárdenas Rendón – Licenciado en Filosofía y Letras
Además de ser una institución desacreditada a pesar de la férrea defensa de los gobiernos de turno, la Policía Nacional tiene varias contradicciones administrativas en las que se ha escudado para evadir responsabilidades jurídicas y morales por su comportamiento negativo.
Según la Constitución Política es una fuerza civil armada bajo el mando del Ministerio de Defensa. En primer lugar, el término civil se refiere a los ciudadanos que no pertenecen a grupos armados, sin embargo, la asamblea constituyente así lo plasmó en el documento mencionado. En segundo lugar, depende del Ministerio de Defensa, cuyas labores se centran precisamente en defender el país y brindar seguridad a sus habitantes; tareas que en algunas ocasiones implican el uso de armas y violencia. Siendo así ¿Por qué el Estado brinda armas a los grupos civiles? ¿No se supone que se caracterizan por su neutralidad? Podríamos mencionar varios ejemplos en los que el gobierno colombiano entregó armas a la nación para defender intereses propios, incluso, sobre la vida y seguiríamos sin entender que sea él mismo el que incite a la violencia; asimismo, cientos de razones por las que lo hizo, sobrepasando su labor de salvaguardar y garantizar la vida. La primera cuestión entonces, viola todos lo límites racionales y mas que tratar de descubrir respuestas apunta a reflexionar sobre la manera en la que ha ejercido el poder el Estado colombiano y cómo ha usado la Policía para mantener el Statu Quo. La segunda se responde por sí sola.
Al momento de redactar la Carta Magna (1991), esta forma de organización fue quizá la más adecuada por el contexto colombiano, pues permitía enfrentar las guerras que se llevaban a cabo en la época y que marcaron la segunda mitad del s. XX, aunque continúan el día de hoy. Así, en las zonas más alejadas del territorio se libraban batallas contra grupos guerrilleros, mientras que en las grandes ciudades se combatía a los narcotraficantes, quienes tomaron las armas para evitar sus capturas.
Todo esto muestra que la Policía colombiana cumple funciones exclusivas del Ejército, entre ellas la protección del territorio, así como de la Constitución y que se puede hablar de una fuerza letal en lugar de un grupo civil armado. Adicionalmente la doctrina del enemigo interno ha sido uno de sus fundamentos para estigmatizar la ciudadanía, al extremo de atacarla en lugar de protegerla. Prueba de ello son los casos en los que se convirtieron en victimarios, extralimitando su fuerza e incluso desapareciendo personas; hechos que imposibilitan hablar de “errores o personajes aislados que deshonran el uniforme” como lo ha promocionado el gobierno.
Las contradicciones, dudas y hechos mencionados son apenas la punta del iceberg de la mala reputación que ha forjado la Policía Nacional de Colombia y plantean la imperante necesidad de trasladar su control a otro Ministerio. Solo de esta manera se dará inicio a un proceso de civilización que la desarme para que su servicio a la sociedad sea adecuado y se recupere la confianza perdida. Dicho cambio también permitirá abandonar la doctrina del enemigo interno que tanto daño ha causado al país y hará un aporte sustancial a la construcción de la Paz.
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