Diego Armando Cárdenas Rendón
Según Human Rights Watch Guatemala es un país sumido en la corrupción y va camino a convertirse en una dictadura; procesa a funcionarios con pruebas maquilladas o provoca su exilio cuando difieren de la línea presidencial y el ejercicio periodístico es amenazado constantemente. Rafael Curruchiche, Fiscal Especial Contra la Impunidad, hace parte del entramado político corrupto y su última jugada fue directamente contra Colombia en la que culpa al actual Ministro de Defensa, Iván Vélasquez, de participar en hechos de corrupción.
Velásquez dirigió la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), entidad avalada por dicho país así como por la ONU, que investigaba la corruptela y que funcionó entre 2013 y 2018 hasta que fue desmantelada por el entonces presidente Jimmy Morales. En sus cinco años de trabajo las investigaciones realizadas provocaron un remezón en el sistema político guatemalteco, pues permitió la captura de altos dirigentes nacionales entre los que se destacan un presidente y su respectiva vicepresidenta.
La justicia guatemalteca no tiene pruebas concretas de que Velásquez haya participado directamente en acontecimientos delictivos, apenas habla de indicios y de la apertura de una investigación; sin embargo, ha manifestado a viva voz que planea llevar a cabo acciones legales contra el director de la cartera colombiana ¿Por qué?
En primer lugar, el gobierno de Giammattei está tomando represalias contra las labores de Velásquez mediante acciones jurídicas, un hecho bastante común en las altas esferas de la política, pues unas investigaciones como las llevadas por la CICIG golpean las instituciones, las desacreditan y afectan los bolsillos de quienes las administran.
En segundo, es una demostración de poder. Guatemala quiere demostrar que tiene las herramientas necesarias para defenderse ante cualquier ataque contra sus instituciones, poniendo a Velásquez como ejemplo para quien se atreva a indagar lo que sucede al interior del país. Otro hecho que afirma las intenciones de Giammattei de convertirse en un dictador.
Tercero, el presidente busca llamar la atención de la comunidad internacional, de tal manera que pueda exponer que el país está bien y que los señalamientos de corrupción son totalmente falsos. Además, a cualquier individuo o institución le gusta “mojar prensa”, especialmente para limpiar su imagen.
El caso legal contra Velásquez tiene pocas posibilidades de prosperar, no solo en términos jurídicos, sino también éticos. Las acciones de Rafael Curruchiche indican que es otro títere de la corrupción, dispuesto a vender su trabajo al mejor postor y defender los intereses de los grupos corruptos de Guatemala.
Lo que si ha logrado el país centroamericano es dar las primeras pinceladas para desatar una crisis binacional; Gustavo Petro defendió el trabajo del ministro, llamó a consultas a su embajador en Colombia y amenazó romper relaciones al igual que Guatemala.
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