Por Alejandro Barrera
El Departamento Nacional de Planeación (DNP) presentó las bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 del país, titulado “Colombia potencia mundial de la vida”. Es un documento de 204 páginas con la intención del actual Gobierno, que junto con el diálogo social vinculante en regiones, espera generar el prometido cambio histórico. El Plan parte de una propuesta de un nuevo contrato social para el país, apostando por la vida humana de forma multidimensional, soportado en una narrativa injusticia económica y social histórica, y un fuerte ingrediente de inclusión de la variable medio ambiental de manera transversal en el discurso, así como de los espacios geográficos en la dinámica económica, social y productiva, en una mirada desde el desarrollo sostenible de los territorios.
Enfatiza la necesidad de reemplazar la oferta exportable del país de carbón y petróleo por otro tipo de productos nacionales, en una apuesta por la internacionalización, y otorga al Estado un papel fundamental en el proceso de distribución de la riqueza, como un agente equilibrador que imparte justicia social, mencionando la necesidad de aumentar su músculo fiscal para la inversión. En este sentido, visualiza un Estado activo en términos de política fiscal y monetaria, con discrecionalidad de ingresos y focalización de gastos, y direccionalidad de financiación hacia el empleo y la transformación productiva. El PND preliminar lo dividieron en seis (6) grandes capítulos:
El capítulo 1 de ordenamiento territorial, se basa en el fortalecimiento e integración de los instrumentos de planificación y financiación de los territorios. El capítulo 2 de seguridad humana y justicia social, el capítulo más nutrido de todos, habla de protección social, atención social a población vulnerable, economía del cuidado, economía popular y comunitaria, empoderamiento femenino, Mipymes, trabajo decente, infancia, educación, salud, cultura, población rural, política de drogas, seguridad civil y derechos humanos y justicia. El capítulo 3 de derecho humano a la alimentación, está concentrado en la transformación del sector agropecuario, seguridad alimentaria, tecnología productiva, cadenas logísticas, infraestructura regional, crédito agropecuario, denominaciones de origen y alimentación saludable.
El capítulo 4 de internacionalización y transformación productiva, se preocupa por la deforestación, descarbonización, gestión del riesgo, energías renovables, diversificación, eficiencia energética, vivienda sostenible, economía circular, reindustrialización alrededor de sectores sostenibles, industria TI, extensión tecnológica, transformación agropecuaria, economía forestal, economía circular, institucionalidad ambiental y créditos verdes. En el capítulo 5 de convergencia regional, resalta la necesidad de fortalecer los vínculos espaciales y poblacionales, por medio de la integración urbana-rural, infraestructura de transporte regional, aglomeraciones y economías regionales, cadenas productivas, competitividad y CTI, turismo cultural y de naturaleza, servicios logísticos, Gobierno digital y diálogo social, paz y participación. Es el capítulo más confuso y etéreo.
Y, el capítulo 6 de estabilidad macroeconómica, que resume unas proyecciones de crecimiento económico con base en los cambios esperados del tejido productivo derivados del mismo Plan. Estima una tasa de desempleo del 8,5%, inversión del 24,6%, generar entre 1,7 y 2 millones de empleos, aumentar las exportaciones e inversión pública entre 6% y 7% del PIB y el ahorro público hacia el 4,4%. Todas estas cifras están sustentadas argumentativamente por la transformación productiva. Así, es el capítulo más fantasioso, y ciertamente el que más preocupa, dedicándole apenas 5 páginas.
Entre principales indicadores propuestos (meta cuatrienio) sobresale: aumentar la cobertura bruta en educación superior del 53,9% al rango 60%-62%, disminuir la pobreza multidimensional del 16% al rango 9,5%-11,5%, así como la pobreza monetaria extrema del 12,2% al rango 6,2%-10,4%, pasar de 12 a 237 instalaciones portuarias fluviales, aumentar en 18,4% la producción agropecuaria, reducir la tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años en 6,75 por cada 100 mil menores a 5 x 100 mil, incrementar la inversión en I+D del 0,24% al 0,5% del PIB, disminuir en -4,1% el CO2 emitido por el sector de transporte, aumentar en 60% las vías terciarias intervenidas y reducir el déficit habitacional urbano-rural de 31% a 26%.
Sin duda, un Plan de Desarrollo diferente, ambicioso y particularmente esperanzador, con un compromiso de inclusión y conciliación social, quizás bastante robusto para solamente cuatro años de gestión. Redactado desde propuestas, ideas y argumentaciones muy potentes, pero con pocos indicadores, un diagnóstico simplista y esperando resultados macroeconómicos positivos por dichos cambios, sin sustento del cómo. Pareciera que se construye con el criterio de “borrón y cuenta nueva”, desconociendo avances de sus predecesores, y que, frente a unas altas expectativas y promesas oficialmente plasmadas en este documento, produce inquietud desde el real resorte de Gobernabilidad, en pleno desconocimiento del desgaste del capital político y social. Y, con proyecciones de sostenibilidad macroeconómica “sacadas del sombrero” basadas en cambios estructurales de corto plazo, dejando la sensación de un Plan que mira al futuro, pero olvida sus aprendizajes del pasado, y no tiene los pies firmes en el presente.
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