La Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República citó a debate de control político al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo – UNGR, Javier Pava, con el fin de conocer las medidas de atención a la población colombiana que ha sido afectada por la temporada invernal. La magnitud de los daños, desde el 1 de agosto de 2021 y el 06 de diciembre de 2022, ha dejado un saldo de 26 de 32 departamentos que han declarado calamidad pública, alrededor de 4 mil eventos de emergencia en 881 municipios, más de 268 fallecidos, 61 desaparecidos y 721.755 personas afectadas.
El Senador citante, Guido Echeverri Piedrahita, sostuvo la necesidad de hacer seguimiento a los $2.1 billones de pesos que el Gobierno Nacional destinó para atender el desastre de carácter nacional que fue declarado a través del Decreto 2113 de 2022. Estos recursos se destinaron para ofrecer ayudas alimentarias, intervenciones sobre la infraestructura y la elaboración de planes de acción específicos. Sin embargo, no se evidenciaron acciones estructurales para la gestión del riesgo como consecuencia del cambio climático ni avances en el desarrollo de medidas para los municipios priorizados por susceptibilidad al desabastecimiento por la temporada de lluvias.
También se hizo un llamado para que el director de la entidad, Javier Pava, determine las acciones necesarias para evitar posibles focos de corrupción en los recursos destinados para atender a la población más vulnerable. Al respecto, se hizo énfasis en la oportunidad que tiene el país para contratar las medidas de atención de desastres de origen natural directamente con las Juntas de Acción Comunal – JAC y otras asociaciones cívicas, así como también ampliar la base de oferentes y los mecanismos de veeduría a las ayudas otorgadas.
Como conclusión del debate, se aprobó una proposición para que la Contraloría General de la República y la UNGR entreguen en una próxima sesión de la Comisión de Ordenamiento Territorial, un informe con los hallazgos de la investigación por la presunta corrupción en los recursos para atender las afectaciones por la ola invernal. Este informe servirá al Gobierno Nacional para que identifique el modelo adecuado para garantizar que los recursos efectivamente atiendan las necesidades de la población colombiana.
Uno de los municipios que sigue clamando atención del Gobierno Nacional es el municipio de Supía que se vio afectado por las lluvias en este 2022 y que sigue a la espera de recursos del Gobierno de Gustavo Petro.
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