Por: Juano Jurado
Necesitamos ver la noticia en televisión, escucharla en radio, que la muestren las redes sociales, que se vuelva un show mediático. Ahí, y solo ahí, decimos como sociedad, “que grave esa situación, deberíamos hacer algo”, aunque en el fondo sabemos que el problema siempre ha estado ahí y que somos comunidades que olvidamos fácilmente y vivimos de manera cíclica nuestros dilemas y nuestras disertaciones.
Tuvo que ser el asesino un hijo de un actor español reconocido en los medios de comunicación y en los medios del espectáculo, y tuvo que ser la víctima un reconocido médico cirujano colombiano que se relacionaba constantemente con grandes personajes de la farándula, la política y la crema innata colombiana.
El pasado 03 de agosto, el colombiano Edwin Arrieta fue asesinado y descuartizado PRESUNTAMENTE, por parte del español Daniel Sancho en Tailandia. Los móviles del delito están todavía enredados en muchas especulaciones que giran generalmente alrededor de este tipo de figuras mediáticas: ¿celos?, ¿venganza?, ¿prostitución?, ¿relaciones sentimentales?, ¿problemas económicos?
Lo que, si ha sido claro, es que nuevamente sale a Luis la eterna discusión sobre ¿cómo sancionar penalmente a otra persona?, ¿cuál es el castigo merecido para una persona que comete un delito como el asesinato (homicidio o feminicidio)?
Lo anterior, teniendo en cuenta que la fiscalía tailandesa ha presentado cargos contra el español y las posibles penas a imponer irían desde los 15 años de prisión, pasando por la cadena perpetua y llegando hasta la pena de muerte. Casi un mes después de la comisión del delito, y todavía con muchos elementos procesales por establecer, es importante aclarar que, aunque la pena de muerte este dentro de las barajas de posibilidades para sancionar al español, es muy probable que por beneficios penales o por un perdón que conceda el monarca, podría terminar purgando una cadena perpetua o unos años de prisión, y con la posibilidad de solicitar un traslado a cárceles españolas.
Creo que hay un consenso generalizado al considerar que la pena de muerte constituye un trato cruel, inhumano y degradante y una violación del derecho a la vida y, que, este tipo de castigos no disminuye la gravedad ni la cantidad de los delitos. Entonces, por qué en tantos países seguimos considerándola como una opción para la sanción penal.
El código penal tailandés prevé la pena de muerte para varios delitos, entre los que está el de asesinato agravado. En Tailandia había, según cifras oficiales comunicadas a Amnistía Internacional, 195 personas condenadas a muerte al concluir 2022. El mayor número de delitos en los que las autoridades han impuesto la pena de muerte son delitos relacionados con drogas. Esto por un lado afecta de manera desproporcionada a los grupos históricamente marginados como minorías étnicas y religiosas, personas trans y personas de menores recursos socioeconómicos.
En Colombia, la pena de muerte esta abolida hace más de un siglo, y sin embargo seguimos escuchando las propuestas de candidatos presidenciales, legisladores, entre otros dirigentes políticos, donde promueven la pena de muerte para sancionar en el caso colombiano, a personas que cometan delitos sexuales contra menores, o a feminicidas. Incluso argumentamos estar más cerca del primer mundo cuando intentamos ampararnos en que países como Japón, china y corea del Norte aun practican la pena de muerte. Pero se nos olvida, que la mayoría de países que también la implementan son como nosotros países en vía de desarrollo: Somalia, Singapur, Afganistán. Entre muchos otros.
Entonces, promovemos la cultura de la muerte legalizada a través del Estado, alegamos la necesidad de acabar con el enemigo únicamente a través de su erradicación total. Somos entonces estados fracasados, totalmente colapsados donde la institucionalidad no pudo cumplirle a su pueblo, el pueblo no supo exigirles a sus gobernantes, y el mismo pueblo decide delinquir. Qué encrucijada, promover la muerte para acabar con la muerte.
La familia de la víctima colombiana, ya ha manifestado que no está de acuerdo con que le impongan la pena de muerte al español, esto basados en sus convicciones religiosas. Esto no quiere decir que prefieran la impunidad, simplemente que siendo incluso quienes más reproche podrían ejercer, prefieren medir la sanción desde la necesidad y la proporcionalidad. Mientras tanto, en países guerreristas y violentos piden muerte igual de atroz o peor a la ocasionada por Sancho contra Arrieta. ¡viva la ley del talión!
Sería mucho mejor entonces, que demostráramos nuestro crecimiento humano y como sociedad, promoviendo la abolición de la pena de muerte, en la práctica y en las leyes. Todavía existen 55 países que promueven esta sanción a través de la inyección letal, fusilamiento, ahorcamiento y apedreamiento. ¿Dónde están las movilizaciones ciudadanas para proteger esta grave violación de los derechos humanos?
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