Más de 22 años de cárcel para abogado por millonaria defraudación al Estado

 

La Fiscalía General de la Nación logró que un juez de conocimiento condenara a 22 años y 8 meses de prisión a Álvaro Enrique Burgos del Toro, como autor, determinador y coautor de los delitos de falsedad Ideológica en documento público, falsedad material en documento público, falsedad material en documento privado, peculado por apropiación y prevaricato por acción.

De acuerdo con las investigaciones, Burgos del Toro instauró 4 demandas ejecutivas laborales ante el Juzgado Civil del Circuito de Santa Cruz de Lorica (Córdoba) en contra de la Fiduprevisora S.A y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con el fin de obtener el reconocimiento y pago para 108 docentes de una pensión vitalicia.

Para obtener los títulos ejecutivos, exhibió 129 resoluciones por él tramitadas y expedidas por los exsecretarios de Educación de ese municipio, y luego presentadas conjuntamente con la demanda con poderes falsos y otros otorgados por algunos profesores.

El fiscal del caso advirtió en el juicio que ninguna de las 129 solicitudes reunía los requisitos legales que contempla la Ley 962 de 2005 y el decreto 2831 de 2005, pero sin embargo, los exsecretarios de Educación de Lorica las aprobaban sin el visto bueno de la Fiduprevisora, y así de forma ilícita, ordenaban pagar las pensiones vitalicias por diferentes valores.

“Utilizaban en los procesos ejecutivos laborales pólizas falsas, con la aceptación de poderes falsos; los procesados lograban el cobro de dinero y con documentación falsa, se reconocían y cobraban los ajustes pensionales”, sostuvo el fiscal al solicitar la condena.

Durante este proceso la Fiscalía asignó un grupo especial de policía judicial, el cual comenzó sus tareas en el año 2013, por hechos registrados entre 2010 y 2012.

De esta manera, fueron recabados elementos materiales probatorios obtenidos gracias a la colaboración de testigos y los 13 allanamientos adelantados en Bogotá, Medellín (Antioquia), Lorica, Shinú y Cereté (Córdoba), así como en Cartagena (Bolívar).

Se logró establecer con pruebas contundentes que fue “el abogado Burgos del Toro quien indujo, mandó y promovió a los funcionarios públicos en Córdoba para hacerse a los dineros del erario público a su favor y de terceros con el cobro del reconocimiento de las pensiones”, sostuvo el delegado acusador.

En efecto, “el sentenciado cobró en el 2010 un proceso de 3.987 millones de pesos, en otro 6.963 millones, otro por 4.997 y otro por 4.703 millones de pesos. Con toda certeza defraudó al erario en más de 33.350 millones de pesos”, agregó el fiscal.

A su turno, en la sentencia condenatoria el juzgado lo inhabilitó para ejercer funciones públicas durante 13 años y el ejercicio de abogado durante 20 años por la gravedad y peligrosidad de los delitos.

BC Noticias

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