Por Diego Armando Cárdenas Rendón
Los estudiantes de la ciudad acaban de regresar a clases, inicia un año escolar en las instituciones educativas en las que, además del conocimiento, se brindan espacios de formación integral a niños, niñas y adolescentes. Por eso, vale la pena resaltar que la Ley 1620 de 2013 más conocida como Ley de Convivencia Escolar está cumpliendo diez años y se ha convertido en la principal herramienta para dar a fin al acoso y la violencia, un problema que a pesar de su antigüedad apenas se empezó a tratar en los planteles de educación básica y media, las cuales se vieron obligadas a actualizar sus manuales de convivencia para atacar específicamente este tipo de hechos.
La norma es bastante clara al mencionar que las medidas frente a los casos de acoso y violencia escolar deben ser integrales e incluir a toda la comunidad educativa, además expone cuales son los que se deben reportar ante instancias externas a las aulas. En este sentido ofrece una ruta de atención integral mediante comités de convivencia en los que participan todos los miembros de la comunidad educativa y otras entidades nacionales y locales como Ministerio y Secretarías de Educación, Cultura, Salud, Personerías, Procuraduría, entre otros, así se espera, en primer término, salvaguardar los derechos de los menores. Sin embargo, esta Ley fue la excusa perfecta para que un directivo docente permitiera que entidades jurídicas y policiales ingresaran a las aulas a solucionar los problemas tradicionales de los estudiantes y tratarlos cual delincuentes de larga trayectoria.
Bastante preocupante el tema, pues precisamente la educación tiene entre sus principales objetivos tratar a los menores desde su propia madurez mental y corporal, como individuos en formación, aspecto en el que la pedagogía es fundamental. Ninguna institución educativa esta exenta de conflictos y una de sus funciones consiste en buscar y ofrecer espacios de diálogo a los involucrados; ello no quiere decir que no se amonesten; pero si los directivos docentes acuden a la justicia cada vez que en la institución se presenta un conflicto, quiere decir que su labor ha fracasado totalmente.
Obviamente, hay casos en los que es necesario inmiscuir otras entidades como ICBF, Policía Nacional, Defensoría del Pueblo; pero antes de hacerlo hay que seguir los conductos regulares internos y agotar los recursos disponibles, teniendo en cuenta que toda Ley tiene un carácter pedagógico y que la escuela, no es más que una “minisociedad” en la que niños, niñas y adolescentes se preparan para enfrentarse a la sociedad real.
Al finalizar el año anterior se presentó un caso de violencia escolar en el Instituto Técnico Francisco José de Caldas (ITEC) y los involucrados tienen un proceso en la Fiscalía; pasando por encima de la Ley aquí mencionada y del conducto regular pedagógico que se debe garantizar a niños, niñas y adolescentes colombianos. Hay un total desconocimiento normativo, pues las acciones solo se limitaron a señalar los afectados sin un acompañamiento educativo de docentes y psicólogos, tampoco se ofrecieron espacios de diálogo para tener claridad de los hechos con las versiones de los estudiantes y solucionar el problema.
¿Qué pensará el rector de esto? ¿Dónde está la protección del ICBF? ¿Tienen los estudiantes seguridad institucional o permitirá el colegio que la policía ingrese a las aulas y como cacería de brujas busque supuestos delincuentes?
Que una institución tan conocida y acreditada como el ITEC asuma este tipo de posturas lleva a pensar dos cosas; primero, que entiende los estudiantes como máquinas para llenar de datos y deja de lado la formación integral que debería cumplir tal como lo exige la Ley 115 del 94, y segundo, que su rector no tiene las capacidades para llevar las riendas de un colegio como ese y por ende prefiere lavarse las manos ante los conflictos y riñas que allí se presentan.
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