Por Bernardo Mejía Prieto – Ingeniero Civil
De lejos la institución de la rama judicial que más poder tiene es la Corte Constitucional. Su función principal es la de salvaguardar la Constitución, lo que la faculta para tumbar leyes y algunos decretos que lleguen a su consideración o establecer la forma en que deben interpretarse. Los magistrados son nombrados por un periodo de ocho años y se considera que deben ser personas con experiencia y amplios conocimientos jurídicos, que garanticen que sus fallos sean lo más ajustados posible a la norma y que en lo posible sus pronunciamientos estén alejados de posiciones políticas.
La Corte Constitucional fue creada en la Constitución del 91. Antes existía la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que fue la que le permitió a César Gaviria, como presidente, convocar mediante referendo popular a la Asamblea Nacional Constituyente que fue la que finalmente aprobó la Constitución del 91. Referendo que no hubiera tenido viabilidad jurídica a la luz de lo dispuesto en la Constitución de 1886. La Sala validó la convocatoria con el argumento de que el constituyente primario estaba pidiendo una nueva Constitución. Es decir, fue una decisión política.
Uribe también acudió a la Corte para poder ser reelegido. La primera reelección se la avalaron y la segunda se cayó, al parecer por desavenencias que tenía con la Corte, que se trajo una teoría de la sustitución de la Constitución en un estudio que debía ser solo de forma. Otro fallo político. Así mismo, mediante la figura de la interpretación y de conveniencia, aceptó la paz con las Farc que fue aprobada en el Congreso y que había sido rechazada en el referendo popular
Con respecto al Ministerio de la Igualdad la Corte anuló su creación por fallas procedimentales en el trámite en el congreso, especialmente porque no tuvo el aval fiscal por parte del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, en una decisión también política, le dio plazo al gobierno para que antes de mediados del 2026 subsane los errores. Todo apunta que aun con la ayudita que le dieron al gobierno, el Ministerio de Francia Márquez no tiene ningún futuro. El congreso no lo va a volver a aprobar.
Una reciente designación de un magistrado de este alto tribunal fue objeto de una enorme controversia. El nombramiento quedó en manos del apoyado por el gobierno, aunque el expresidente Gaviria también metió la mano. Como un hecho inédito, ambos líderes políticos salieron a proclamar su triunfo.
La realidad es que el nuevo magistrado es una persona seria, respetada y con mucha experiencia. Lleva muchos años trabajando en la Corte Constitucional como magistrado auxiliar, con diferentes jefes de todas las tendencias, siendo el último el exsecretario jurídico de Petro. Ninguno de los tres candidatos era petrista. El gobierno se jugó la carta de apoyar al que consideró era el menos conservador.
El temor ciudadano es que el gobierno logre las mayorías en la Corte Constitucional. Son nueve magistrados a los que periódicamente se les va venciendo los periodos. Son nombrados por el Senado de ternas, que según sea del caso, le presentan el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. El año entrante Petro tendrá la posibilidad de candidatizar el próximo reemplazo.
El miedo de la comunidad es que si se llegan a configurar las mayorías, el gobierno tendrá la posibilidad de que la Corte le avale sus reformas sociales que actualmente están demandadas y que con una Corte amiga logre sacar su constituyente mediante una figura como la que en su momento hizo Gaviria. La realidad es que hasta el momento el presidente solo tiene en la Corte Constitucional el voto asegurado de su exsecretario jurídico -que es verdaderamente petrista-. Con respecto a los demás magistrados nadie puede garantizar cómo van a ser sus votos.
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