Desde la Universidad de Caldas, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, lanzó oficialmente la campaña por la consulta popular, con el objetivo de llevar a las urnas las reformas sociales que el Gobierno busca implementar.
«Después de la gran jornada de movilización del 18 de marzo, iniciamos hoy en Manizales la convocatoria para que en las urnas, millones de colombianos derrotemos a las minorías que se opusieron al cambio en el Senado», afirmó el ministro.
En el mismo evento, Sanguino anunció la firma de un decreto que busca formalizar el empleo de 38 mil trabajadores de universidades públicas, incluyendo docentes y personal administrativo. «Son treinta y ocho mil colombianos que serán formalizados con contratos a término indefinido para mejorar la calidad de la educación pública y las condiciones laborales y sociales de maestros, docentes, personal administrativo y de servicios generales en universidades como la de Caldas; y en todas las universidades públicas del Eje Cafetero y del país», sentenció.
El ministro destacó que, pese al bloqueo en el Senado, el Gobierno avanza en la reglamentación de la reforma laboral con nueve decretos en análisis, incluyendo el decreto especial para universidades. «Queremos que Colombia sea un país para todos y no para unos pocos. Un grupo de senadores tomó una decisión nefasta al negar derechos laborales y sociales a millones de trabajadores», afirmó Sanguino.
El representante a la Cámara por Caldas, Santiago Osorio Marín, resaltó la importancia de la consulta popular, que permitirá a la población decidir sobre temas clave como recargos nocturnos desde las 7 p.m., pago justo de dominicales, estabilidad laboral y mejores condiciones para los jóvenes aprendices del SENA. «La Consulta Popular se vive en Caldas con esperanza y con la convicción de que no pasarán por encima de los trabajadores. Salimos a las calles con la ciudadanía, a quienes se les han arrebatado sus derechos», afirmó Osorio.
El ministro Sanguino informó que recorrerá todo el país para socializar la consulta y recoger el respaldo ciudadano en la lucha por la justicia laboral.
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