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El Macroproyecto San José lleva diez modificaciones en 12 años

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En horas de la tarde de este miércoles 2 de marzo se realizó la Comisión Accidental de seguimiento al Macroproyecto de Interés Social para el Centro Occidente de Colombia San José propuesta por los concejales, Adriana Arango Mejía y Luis Gonzalo Valencia González.

La concejala, Adriana Arango, pidió explicaciones a la Administración Municipal e indicó que este es un desplazamiento forzoso de más de 10 mil personas en la ciudad, que lleva 10 modificaciones, “Muy importante que los ciudadanos queden enterados que llevamos 10 modificaciones a la resolución inicial presentada en el año 2009. Lo que significa, que el Macroproyecto inicial que se colocó a consideración por el alcalde de turno lleva 10 modificaciones presentada a la fecha. Según la misma Contraloría, estas modificaciones son representativas e importantes; es hora de que la ciudad conozca qué fue lo que se presentó inicialmente y en qué estamos hoy, cuál es la modificación que hace 10 meses según nos dicen, se presentó al Gobierno Nacional por el alcalde Marín”.

Arango Mejía también habló sobre la sentencia 001 del 2022, declarada por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Manizales donde le da la razón a la comunidad sobre la escasa participación en la toma de decisiones “bien interesante saber cómo se va a cumplir esa sentencia donde se dice que es imperante tener en cuenta las opiniones y necesidades de la comunidad y que sean abordado con la seriedad que amerita, estas son respuestas que nos debe dar la administración”, manifestó.

El concejal, Luis Gonzalo Valencia, indicó que el Macroproyecto no tuvo una intervención en las administraciones de Jorge Eduardo Rojas ni de Octavio Cardona, porque según él, no estaban dentro de sus planes de desarrollo.

“Qué ha hecho la academia, dónde están las demandas, aquí hay que hablar con resultados, cuáles son las acciones de la Personería en 13 años, cuáles son los fallos de responsabilidad fiscal de la Contraloría, cuál es la responsabilidad del Estado; as acciones tienen que ser prácticas y claras. No hay acciones contundentes, porque no les importa. Tampoco hubo voluntad política de los congresistas, ni de los gobernadores, ni de los alcaldes siguientes para sacar adelante el Macroproyecto. Ni Rojas, ni Octavio le apostaron, porque no eran su proyecto”.

Para las intervenciones se inscribieron 14 ciudadanos que participaron y manifestaron su inconformismo.

Jorge Omar Rodríguez Ospina, integrante de Cabildo Abierto comuna San José, Plaza de Mercado, expresó que en la comuna hay un equipo con conocimiento del territorio que lo ha visto transformar socialmente: “conversen con nosotros, sino quedan convencidos después de que hagamos una gran mesa de diálogo, con propuestas de parte y parte, pues entonces digan y manifiesten por qué, pero no puede ser que una comunidad que lleva 13 años viendo atropellados sus derechos constitucionales, y que se organiza, y que sin vías de hecho le está contando al país que aquí hay una falencia y nosotros tenemos la posible solución de esa falencia, siga siendo echada al anonimato; seguramente, esto es lo que yo llamo voluntad política, escuchar no es sinónimo de entender”.

La arquitecta, Jhoanna Andrea Acero Amaya, habló sobre la falta de políticas de protección a los habitantes de la comuna e indicó que el proyecto hay que pensarlo integralmente “Está demostrado que estos proyectos impulsan una expulsión masiva  de pobladores originales de los barrios; las administraciones municipales han tenido que acogerse a este tipo de políticas públicas dado la conflictividad que vulneran estos procesos de renovación urbana y las evidentes problemáticas e impactos negativos para la población, principalmente sectores populares y de bajos ingresos”.

Acero Amaya, también afirmó que este proyecto impacta un área grande que debe ser entendido proyecto social y no urbanístico “estas decisiones sobre el trazado urbano sobre la venta y compra de predios necesariamente afecta el tejido social. Los proyectos urbanos tienen que contribuir a mejorar la calidad de vida”.

Durante su intervención el profesor, Luis Fernando Acevedo, habló sobre la crisis estructural y la injusticia social dentro del Macroproyecto. “El Macroproyecto San José tiene una crisis estructural en la medida que fue planeado para ser entregado y terminado en 2019 y ya estamos en el 2022 y las ejecutorias son mínimas. Y un proceso de injusticia social muy fuerte por el desplazamiento que se ha generado intraurbano, y la falta de respuestas entorno a la entrega de proyectos de vivienda que fue la esencia fundamental del macroproyecto. De 4.500 apartamentos que hoy bajo las resoluciones modificatorias están aprobadas para ser construidos, entiendo que no llegan a más de 350”.

Acevedo dijo además que el macroproyecto se debería entender como un ejercicio sano donde se vuelva a encontrar la academia, los habitantes, las organizaciones sociales, la Administración Municipal, los gremios y volverlo a repensar como un Macroproyecto de interés nacional, orientado a la solución de problemas de vivienda para los más necesitados, e indicó, que de seguirse esa ruta se podrían resolver los impases que ahora tiene el proyecto.

El Macroproyecto seguirá siendo tema de debate en el Concejo de Manizales al que estará citado el gerente de la ERUM, Gustavo Adolfo Salazar Saddy, según lo expresó la concejal Arango.

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