18 de mayo de 2021

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Derecho, el más utilizado para reclamar atención en salud

La legislación, la jurisprudencia y las decisiones sobre tutelas interpuestas para garantizar el derecho fundamental a la salud en Colombia muestran que este tema es un derecho vivo, que se construye a diario en pro de la protección social.

Según el profesor Hernando Torres Corredor, decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), “detrás de la producción bibliográfica está la protección social, y en el derecho se encuentra el camino para obtener la propiedad social, cuya validez se ve hoy con las reformas al trabajo o a las pensiones, lo que también se conoce como el derecho social, un derecho o una jurisprudencia viva”.

La UNAL la impulsado el Centro de Pensamiento en Derecho a la Salud –un escenario permanente y sistémico de reflexión sobre los contenidos de este derecho y sobre y los problemas del Sistema de Seguridad Social en Salud– para analizar las relaciones no solo desde el punto de vista del derecho, sino también de la medicina, la enfermería, la química, las ciencias humanas y la economía, ya que el fenómeno de la salud es omnipresente.

“El Centro de Pensamiento se crea en medio de una sociedad de los riesgos, de incertidumbre y envejecimiento, pues en Colombia más de 7 millones de personas sobrepasan los 60 años, para quienes la salud y el cuidado son clave”, subraya el decano.

Por su parte la profesora Diana del Pilar Colorado, doctora en Derecho, indicó durante la charla “#ContextoEditorial Producción editorial en derecho a la salud”, organizada por la Editorial UN, que cada tres minutos se pone una acción de tutela en defensa del derecho a la salud, lo que equivale al 27 % de las tutelas. El 85 % de las decisiones son favorables a la personas, y el 50 % de aquellas que no, es porque fueron resueltas a favor de la persona desde antes.

Según la académica, la perspectiva interdisciplinaria del Centro de Pensamiento de la UNAL ha pasado por la mirada de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales y de la Vicerrectoría de Investigación para incorporar los distintos puntos de vista de los grupos sociales y la academia.

La relación constante con otras facultades de la UNAL, otras universidades del país, organizaciones, agremiaciones y con la Red Iberoamericana de Derecho Sanitario –a la cual pertenece la UNAL como miembro principal desde 2011– ha permitido que la Universidad sea sede de congresos de derecho a la salud, de los cuales han surgido tres importantes publicaciones entre ellas Derecho fundamental en la salud, nuevos escenarios.

“Estas aproximaciones enseñan que el derecho a la salud en Colombia se ha ido conformando de una forma reactiva frente a los problemas y obstáculos del sistema de salud, pero también desde la corrección del poder judicial de los problemas del sistema, y se han generado tesis que incluso se aplican al ámbito iberoamericano”, subraya la doctora Colorado.

Sentencia histórica

Por su parte, el decano Torres recuerda hitos como la Sentencia 760 de 2008 de la Corte Constitucional, la cual determinó que la salud es un derecho fundamental, lo que cambia su naturaleza en lo social, político y jurídico, ya que se habla de universalidad y no de esta como privilegio y desigualdad. Esto explicaría por qué la Ley 100 de 1993 tiene reglamentaciones, ya que trata a la salud como derecho ordinario y no fundamental.

derecho ordinario y no fundamental.

Con la Ley 1751 de 2015 (Ley Estatutaria en Salud) hay un gran conflicto porque su naturaleza universal, de consenso, de no discriminación, ha llevado a enfrentarse con postulados de la Ley 100 en cuanto a que la salud sí es fundamental, de todos en las mismas condiciones, y no regulada por el mercado.

Para la doctora Colorado, “con el modelo integral de atención en salud se pretende una regionalización del país, en la que la gestión se diferencie según cada necesidad. Pero esto, aunque es teóricamente llamativo en un sistema como el colombiano, en el que el Estado ha perdido rectoría y se la ha pasado de forma dispersa a entes privados en un esquema de mercado, sería problemático por las diferencias de desarrollo entre las regiones”.

Vale decir que el 85 % de las acciones de tutela en salud se dan en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Atlántico, y el 15 % restante en departamentos marginados como Chocó y San Andrés, y aquellos de la Orinoquia y la Amazonia.