La Procuraduría General de la Nación pidió a la Corte Constitucional confirmar el fallo de tutela del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó la solicitud del senador Roy Barreras para que el Congreso de la República apruebe la reforma constitucional que otorgaba 16 curules a las víctimas.
En concepto enviado al alto tribunal, el Ministerio Público advirtió que la normatividad no tiene la vocación de reparar a las víctimas, “las razones que fueron puestas de presente en el debate parlamentario para no apoyar la reforma constitucional en comento, no son arbitrarias, ya que constituyen preocupaciones legítimas, como lo es el hecho de que la normatividad no tiene la vocación de reparar a las víctimas y, en cambio, facilita la captación de las curules por parte de sus victimarios”.
La Procuraduría indicó que la solicitud del senador no cumplió con el requisito de inmediatez, ya que, entre la fecha del debate, realizado el 30 de noviembre de 2017, y el día en que fue radicada la tutela, 31 de mayo de 2019, transcurrió más de un año y medio, lapso que no resulta razonable en atención a las pretensiones de la tutela instaurada.
El Ministerio Público precisó que el recurso de tutela tampoco cumple con el requisito de subsidiaridad, porque cuestiona una decisión de la Mesa Directiva del Senado de la República cuyo control de constitucionalidad y legalidad se tramita en la Sección Primera del Consejo de Estado.
Finalmente el órgano de control precisó que el congresista Roy Barreras no apeló ante la Plenaria la decisión del Presidente del Senado de la República de no aprobar el informe de conciliación de la ley, permitiendo que feneciera la oportunidad de cuestionar tal determinación.
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