Representantes del Comité de Discapacidad y otras entidades le solicitaron a la administración municipal apoyo psicológico y social durante la sesión que se realizó ayer en el Concejo de Manizales, para conocer el informe de la atención y beneficios otorgados desde la Secretaría de Desarrollo Social a la población con discapacidad, durante la Covid-19.
El Presidente del Concejo de Manizales, Andrés Sierra Serna, hizo un llamado a la Alcaldía para que se atienda a esta población vulnerable, ya que la conclusión es que se está en deuda con las personas con discapacidad, no solo para suministrarles alimentación sino para ofrecerles condiciones dignas e incluyentes, teniendo en cuenta que la pandemia dificulta aún más el libre desarrollo de estos ciudadanos.
“Quedan compromisos como la entrega de ayudas, iniciar contacto con cada una de las asociaciones… Nosotros no damos las ayudas, pero somos el puente para que se hagan las acciones pertinentes. Todo se ha hecho de manera responsable, sin politiquería. Sin embargo, se debe llegar a todas las personas”, puntualizó el presidente, quien además dijo que una de las deudas que se debe subsanar es la implementación del lenguaje de señas en la Alcaldía, propuesta que quedó aprobada en el plan de desarrollo.
Los intervinientes solicitaron que se tenga en cuenta a las personas que no están caracterizadas, reactivar las actividades del comité, trabajar en equipo e implementar una política pública.
POSICIÓN DE LA SECRETARÍA
Si bien desde la Secretaría de Desarrollo Social se han implementado algunas acciones para atender las necesidades en esta pandemia, no ha sido suficiente para cubrir a toda la población vulnerable.
En la sesión, en la que estuvieron presentes Paula Andrea Valencia Otálvaro, Secretaria de Desarrollo Social, y el Director de la Oficina de Discapacidad, Julián Andrés Jurado, comentaron que en Manizales se tienen relacionadas 10.543 personas con discapacidad y que el presupuesto es de $614 millones. Sin embargo, de estos recursos están comprometidos $135 millones en contratación del personal de la oficina de Discapacidad, y de los $466 millones que se esperaban recaudar con las zonas azules solo se cuenta con $101 millones, reducción en el presupuesto que afecta los programas.
Según la información suministrada por la secretaria, se desarrollan algunas actividades con personas con discapacidad como atención en el Hospital General San Isidro, seguimiento a las líneas de emprendimiento, de las cuales de 100 personas siguen vinculadas 37.
“Con la línea por la vida se hace contacto con personas con dispacidad porque para la administración es muy importante la inclusión. La mayor cantidad de abusos se da a niñas con discapacidad”, indicó la secretaria.
Sobre la entrega de ayudas humanitarias en estratos 1 y 2, manifestó que se han atendido 3.713 hogares que tienen personas con discapadidad y que la Oficina de Infancia, Adolescencia y Juventud realizó la focalización de 111 personas con discapacidad para que fueran beneficiadas con esta ayuda.
Con relación al funcionamiento de las Zonas Azules, Valencia Otálvaro mencionó que el contrato estuvo suspendido tres meses con la empresa Sutec, que tiene a cargo 121 personas, pero que desde mayo se le dio la orden a la empresa de reiniciar las actividades con los protocolos de bioseguridad, y que hasta el momento no lo han hecho.
Finalizó que uno de los retos es la actualización de la política pública de discapadidad, con el fin de mejorar todas las situaciones de las personas que presentan esta condición.
DESDE EL COMITÉ
Santiago Duque Morales, representante discapacidad física: “Este debe ser un trabajo en equipo y no se ha reactivado el comité… No han llegado todas las ayudas que se requieren como psicológicas y sociales porque no solo necesitamos comida”.
Álvaro Alzate, representante sector discapacidad múltiple: “Al no tener ingresos por las zonas azules no hay recursos para atender los proyectos. No es momento de echar culpas, sino de seguir adelante en este proceso de pandemia que se alarga. La recomendación es hacer listado de las personas vulnerables para atenderlas”.
Julian David Montoya, representante discapadidad visual: “Sentimos que no nos escuchaban y quedamos por fuera de las propuestas del plan de desarrollo. Es necesario la atención psicológica”.
Adriana Arango, Directora Ejecutiva del Ceder : “Se necesita la política pública porque se está trabajando de manera desarticulada. La responsabilidad no es solo de la Secretaría sino de todos”.
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