Los colectivos de DD.HH. Tierra de todos, la Red por la Defensa de los Derechos Humanos de la ciudad de Manizales, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), la Clínica Socio Jurídica de Interés Público y la Escuela de Género y Derecho adscritas a la Universidad de Caldas, y la Red Universitaria de DDHH de Manizales, hicieron un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el fin de que, dentro de su visita urgente a Colombia a adelantar a partir del día 7 de junio.
Mediante un comunicado a la opinión pública destacan que Manizales ha sido escenario desde el 28 de abril de innumerables manifestaciones y diversas actividades culturales, de apoyo al paro nacional que se gesta en Colombia.
«En este contexto de movilización pacífica y ejercicio de derechos políticos y democráticos, el Estado ha respondido por medio de un uso desproporcionado, desmedido y descontextualizado de la fuerza, tanto para disolver las manifestaciones que pacíficamente poblaban las calles de la ciudad, como para afrontar esporádicas alteraciones al orden público. De hecho, Manizales no ha sido un lugar ajeno a lo ocurrido en otros lugares del país, evidenciándose que este uso desproporcionado, desmedido y descontextualizado del uso de la fuerza ha sido una respuesta sistemática a la participación ciudadana, realizada con fines de intimidación, imposición de ideales políticos y violación sistemática de Derechos Humanos», señalan los comités.
Aseguran que desde el inicio de las manifestaciones se han presentado más de 620 detenciones arbitrarias, muchas de ellas a menores de edad y en irrespeto del debido proceso, que en caso de niños, niñas y adolescentes requiere de un trato diferenciado y en obediencia de los principios de prevalencia, corresponsabilidad e interés superior. «A pesar de esto, los adolescentes detenidos ha recibido tratos no diferenciados, los cuales pueden ser considerados como constitutivos de tortura o constreñimiento realizándose traslados por Protección y traslados con fines de identificación o judicialización por parte de la Policía Metropolitana de Manizales, sin las garantías necesarias».
Destacan que dentro de las formas de manifestación amparadas y protegidas constitucional y convencionalmente, por parte de la Alcaldía de Manizales, se han impedido la realización de murales y muestras de arte en espacios públicos, las cuales en ningún caso han comportado apología al delito o a la discriminación por ningún motivo. «En todos los intentos de llevar a cabo dichas manifestaciones, se ha presentado una fuerte presencia de personal de la Secretaría de Gobierno Municipal, quienes han interpuesto todo tipo de reparos e impedimentos, ordenando incluso la presencia de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD con el fin de vigilar y velar por la protección de paredes (parte de espacio público y que no comportan inmuebles de valor arquitectónico o histórico para la ciudad) para evitar que sean intervenidas artísticamente. Y en este punto, se insiste que la presencia de estos funcionarios supone no sólo intimidatoria sino amenazante para la integridad física y emocional de los ciudadanos participantes»
Los colectivos de DD.HH. señalan que agentes del Estado y adscritos a la fuerza pública, han venido desarrollando una estrategia de ataque sistemático a defensores y defensoras de DD.HH. que ejercen un rol de veeduría en el cumplimiento de la obligación de protección de los DD.HH. de todas las personas y actores intervinientes en contexto de las manifestaciones. «Estos ataques se han materializado, desde el pasado 28 de abril, por medio de actos de impedimento para el acceso a sitios de detención, acciones de hostigamiento, agresiones físicas, agresiones verbales, basadas en la discriminación de género y en la violencia contra las mujeres; y detenciones arbitrarias (21 detenciones)».
APARTES DEL COMUNICADO:
- Agentes del Estado y adscritos a la fuerza pública, han omitido e incumplido de manera repetida, obstinada y arbitraria los protocolos de intervención y uso de la fuerza en contexto de las manifestaciones sociales dispuestos por la ley, la Constitución y las jurisprudencias constitucional y convencional, generando esto innumerables irregularidades en procesos policivos que han desembocado en, al menos, 5 denuncias aperturadas ante la Procuraduría por estos hechos, con la gravedad que dentro de sus procedimientos, especialmente en incursión a barrios, no se respetan los principios de proporcionalidad y precaución.
- La Administración Municipal y la Policía Metropolitana han persistido en incumplir lo ordenado por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Manizales en sentencia de tutela tras acción interpuesta por ciudadanos para preservar los derechos fundamentales de los miembros de la comunidad, cursándose actualmente un incidente de desacato por estos hechos.
- El equipo de DD.HH. ha recepcionado más de 16 denuncias por lesiones personales, amenazas de muerte y detenciones arbitrarias en contra de manifestantes, algunas de ellas, por parte de personas adscritas a la Policía Metropolitana de Manizales. Además,
- Dentro de todo el contexto se han adelantado múltiples acciones jurídicas entre las que destacamos la declaratoria de ilegalidad en procedimientos de captura, por parte de distintos jueces penales con función de control de garantías a más de 30 manifestantes, además de apelarse con éxito más de 82 comparendos interpuesto por la Policía Metropolitana de Manizales y otros 23 en trámite.
- La prensa nacional e internacional no solo ha sido el ente visualizador de todo lo anterior, sino que en el ejercicio de sus derechos y trabajo en campo, han sido igualmente objeto de agresiones verbales y tratos despectivos por parte de agentes de la Policía Metropolitana de Manizales.
Los colectivos de DD.HH. de Manizales puntualizan que dentro de las acciones que podría realizar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la ciudad de Manizales se encuentran:
- Entrevista con Organizaciones de la Sociedad Civil, con el fin de materializar la acción de escucha y diálogo claves para el conocimiento de la verdad ciudadana, y no sólo la institucional, recabar datos estadísticos y material probatorio que permitan conocer lo realmente sucedido en nuestra ciudad.
- Entrevista con organizaciones de DD.HH. que han velado por las garantías legales, constitucionales y convencionales, a pesar de los abusos y arbitrariedades cometidos por la fuerza pública e instituciones administrativas, para evidenciar la sistematicidad de las situaciones acontecidas y la manera que estas constituyen un actuar claro y premeditado por parte del Estado colombiano.
- Visita a los centros de detención que son usados por parte de la Policía Metropolitana de Manizales, con el fin de revisar sus condiciones de salubridad y protección debida de derechos; así como analizar los protocolos seguidos por parte de los funcionarios que los pueblan e integran.
- Entrevista con víctimas de abusos policiales con el fin de presentar eventuales casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos o nutrir las recomendaciones a realizar al Estado Colombiano.
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