Las autoridades, encabezadas por la Octava Brigada del Ejército Nacional y la Brigada Contra la Minería, en coordinación con la Policía de Carabineros y Sijin de Caldas, llevaron a cabo una operación para intervenir siete unidades mineras involucradas en la extracción ilegal de oro en el Oriente caldense. La intervención resultó en la incautación de maquinaria y elementos utilizados en la explotación ilícita, así como en la protección de los recursos hídricos y la preservación de las especies afectadas.
La intervención tuvo lugar en la zona rural de Norcasia, donde soldados del Batallón de Infantería N.° 22 Batalla de Ayacucho, en colaboración con otras autoridades, realizaron labores de infiltración pedestre y control contra la explotación ilícita de minerales. Durante la operación, se intervinieron siete unidades de producción minera que realizaban la extracción de oro de manera ilegal, causando daños significativos al entorno natural.
Las unidades de producción minera habían afectado aproximadamente seis hectáreas de capa vegetal y habían contaminado las fuentes hídricas que desembocan en el río Samaná. La incautación realizada en la vereda La Quiebra de Roque incluyó un motor de arrastre, 5 motores de combustión interna, 1870 metros de manguera, 30 canaletas de fabricación artesanal, 50 metros de malla expandida, 63 galones de ACPM, 10 boquillas para presión de agua y herramientas varias. El valor total de lo incautado supera los 28 millones de pesos y ha sido puesto a disposición de las autoridades competentes.
La explotación ilícita de minerales en esta región de Caldas se ha llevado a cabo sin contar con los títulos mineros legales, tal como lo estipula la Ley 685 de 2001, del Código de Minas. Esto ha ocasionado no solo daños al medio ambiente y los recursos naturales, sino también ha afectado el bienestar y la seguridad de las familias que dependen legalmente de estas fuentes hídricas.
Se estima que en estas unidades de producción ilegal se estaban extrayendo alrededor de 630 gramos de oro mensuales, lo que representa un ingreso promedio de 151 millones de pesos al mes. Esta actividad ilegal ha afectado las economías legales en más de 1800 millones de pesos.
La intervención conjunta del Ejército Nacional y la Policía logró reducir significativamente el impacto ambiental causado por la explotación ilícita de minerales en la región. Sin embargo, se destaca que la recuperación del daño ambiental requiere una inversión aproximada de 250 millones de pesos y podría llevar entre 10 a 15 años.
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