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Caldas fortalece 55 Centros de Atención Social como plan de choque para la pospandemia

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Durante la más reciente mesa intersectorial de la política pública de Atención Primaria en Salud (APS), la Dirección Territorial de Caldas ratificó la importancia de fortalecer los 55 Centros de Atención Social (CAS) que se tienen en cada territorio.
 
“Estos no son solo centros de atención en salud, sino centros de atención en los cuales se realizan diferentes intervenciones para identificar los riesgos de las familias en distintos campos para determinar una acción intersectorial con toda la oferta del Estado en salud, educación, vivienda, saneamiento básico, medio ambiente, restablecimiento de derechos, entre otros”, aseguró Paola Alexandra Franco Gómez, psicóloga contratista de la política pública de APS de la Territorial de Salud.
 
Esta política es de mayor relevancia en estos momentos, pues el mundo y el país esperan declarar próximamente superada la pandemia por la COVID-19, pero sus efectos por las pérdidas de vidas, por afectaciones a la salud física y mental, a las condiciones de vida, a la economía y otros aspectos, que obligan a los gobiernos a implementar acciones focalizadas que permitan a los ciudadanos superar estas consecuencias.
 
En esta situación, la política pública de Atención Primaria Social -APS- es una herramienta que permite identificar esos determinantes sociales que afectan las condiciones de vida de los ciudadanos y que obligan a una intervención intersectorial del Estado.
 
De otro lado, Susana María Morales Carmona, antropóloga contratista de la línea APS de la Territorial, se refirió al análisis de los riesgos, que se realiza desde APS para intervenir, por ejemplo, en el caso de algunas comunidades que se alejan de la medicina tradicional. “Hemos identificado que muchas veces las acciones en salud no están enfocadas desde lo diferencial, provocando que las personas dejen de recurrir a los tratamientos con medicina tradicional debido a que hay un choque cultural. Es allí cuando APS interviene con un proceso de humanización y capacitación dentro de los marcos normativos, para fortalecer el enfoque diferencial étnico con las comunidades indígenas”.   
 

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