El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Manizales ordenó el arresto de la gerente regional de la Nueva EPS, Martha Irene Ojeda Sabogal y del interventor de la entidad, Bernardo Armando Camacho Rodríguez por desacato a una sentencia judicial que protegía el derecho a la salud de una paciente con graves afecciones médicas.
La decisión, tomada por la jueza, responde al incumplimiento de una orden judicial que exigía a la Nueva EPS garantizar la entrega de medicamentos esenciales, las valoraciones médicas pertinentes y la supervisión adecuada del tratamiento de una paciente con complicaciones severas en su visión y alto riesgo de pérdida de la misma.
Según el fallo, la afectada presenta un cuadro médico complejo que incluye miopía, astigmatismo, sospecha de glaucoma, trastornos del aparato lagrimal, trastorno de disco cervical con radiculopatía, trastorno mixto de ansiedad y depresión, insomnio, artrosis, epicondilitis lateral, alopecia androgénica y dolor crónico, entre otros diagnósticos.
El juzgado dispuso que el arresto de los funcionarios se realice durante tres días en un centro carcelario y les impuso una multa de aproximadamente 3 millones de pesos a cada uno. Además, en la parte resolutoria de la sentencia, la jueza ordenó remitir el caso a la Fiscalía para que investigue si los procesados incurrieron en algún delito al negarle los servicios de salud a la paciente, a pesar de la orden judicial previa.