Alcaldía de Manizales vigila avances judiciales del caso Girasoles
La actual Administración está a la espera de que jueces de la República definan de fondo y dejen en firme una decisión que indique las acciones que se deben adelantar con los moradores y las viviendas que se construyeron desde 2013 en esa zona aledaña al barrio Eucaliptos.
Vale la pena recordar que hubo una sentencia de primera instancia y que fue confirmada por el Consejo de Estado, en la que se ordenó a la Alcaldía de Manizales y al señor Gustavo Martínez Arboleda realizar acciones de saneamiento ambiental, ya que en esos terrenos, el señor Martínez Arboleda hizo un lleno con escombros, el cual es anti técnico y no cuenta con autorización de las autoridades ambientales.
Martínez, al parecer afectó la rivera y la ladera aledaña a la quebrada San Luis, que atraviesa esa zona y después de terminar el relleno vendió varios lotes, lo cual originó la construcción de varias viviendas de hasta tres y cuatro pisos.
Ni la administración anterior ni Martínez cumplieron dicha sentencia por lo que esto dio lugar a una acción de desacato que originó una sanción económica.
Actualmente la Alcaldía de Manizales no ha planteado movimientos concernientes a desalojos y saneamiento ambiental, ya que una serie de acciones judiciales emprendidas por los habitantes de Girasoles concluyeron que la sentencia de primera instancia y la del Consejo de Estado deberían ser revisadas.
Martínez Arboleda está vinculado a un proceso penal en el que la Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de urbanización ilegal, el cual lo expone a una pena privativa de la libertad que oscila entre 9 y 12 años. Ya aceptó los cargos imputados, queda pendiente que un juez le dicte la sentencia que deberá cumplir.
La Alcaldía de Manizales seguirá a la espera de las decisiones de fondo que se den jurídicamente para sanear ambientalmente ese sector aledaño a la quebrada San Luis.
La Corporación Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas) solicitó aplicarle a Gustavo Martínez Arboleda sanción económica de 550 millones de pesos por el daño ambiental que causó.