El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Manizales admitió una demanda en contra del proyecto ambiental Planta de Tratamiento de Aguas Residuales-“PTAR”, donde el juez trasladó la medida cautelar a los municipios de Villamaría y Manizales, Aguas de Manizales y Aquamaná, quienes tienen un plazo de cinco días para pronunciarse sobre el proyecto.
El Despacho procedió a dar traslado de las medidas cautelares de conformidad con lo establecido por el artículo 25 de la Ley 472 de 1998, en concordancia con el artículo 233 del CPACA, aplicable por remisión normativa del artículo 44 de la primera ley citada. “Que el despacho ordene que la obra no se comience tal como se pretende hasta que no se tenga transparencia, criterio científico, rigor técnico y seguridad de cumplimiento del contrato, porque son muchas las dudas que se prestan al respecto, entre ellas el costo, el sitio de la obra, el oferente”.
El demandante es Enrique Arbeláez Mutis, quien busca que haya transparencia en el proceso y además reprocha el sitio para construir este proyecto en el sector de Los Cámbulos.
Según el Juzgado al proceso deben comparecer adicionalmente estas dos entidades, pues ellas están involucradas en la contratación, proyección y construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para Manizales y Villamaría. Si bien el actor, en principio, no direccionó la demanda frente a las mismas, no es menos cierto que de un análisis integral del escrito inicial y de los anexos adosados al expediente, se puede colegir, sin dubitación alguna, la necesidad de que estas entidades comparezcan al proceso y se integre adecuadamente el contradictorio.
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