Por Bernardo Mejía Prieto
En campaña electoral todo voto cuenta y todo voto vale. Una de las promesas del Pacto Histórico en Caldas ha sido desmontar los peajes instalados a lo largo de la Autopista del Café. Una propuesta claramente populista. Así como a nadie le gusta pagar impuestos, a nadie le gusta pagar peajes. Sin embargo, se olvida que sin ellos los mantenimientos son escasos y las nuevas intervenciones prácticamente imposibles.
A ese sector político tampoco le interesa la aprobación de la IP Concesión Centro, pese a que contempla inversiones superiores a los 7 billones de pesos en obras, mejoramientos viales y generación de empleo en la región.
La propuesta de desmontar los peajes tomó fuerza a comienzos de este año cuando parte de la estrategia política de un candidato a la Cámara por ese partido. La campaña fue “pacífica”: se instalaron vallas sobre la vía y el mensaje se promovió por redes sociales y reuniones políticas. En las presidenciales el tema fue más agresivo, con presencia de comunidades, apoyo de la minga indígena, bloqueos intermitentes y afectaciones a las casetas. Al final, poco se logró: los peajes siguen funcionando.
Cada día el tráfico hacia San Bernardo del Viento es más congestionado y, debido a la pendiente y la topografía, en la vía se presentan permanentemente accidentes y derrumbes. Del mismo modo, el viaje hacia Pereira toma cada vez más tiempo. En Caldas es urgente la rectificación de curvas en la bajada a San Bernardo y la ejecución de otras obras contempladas dentro de la propuesta de la IP.
La idea de dejar estas obras y el mantenimiento exclusivamente en manos del INVIAS resulta ingenua. Las obligaciones de mantenimiento de la malla vial nacional superan ampliamente tanto el presupuesto como la capacidad de ejecución de ese instituto.
La IP se necesita. Esa es una realidad. La decisión sobre su continuidad no puede quedar únicamente en manos de un sector político. Son muchos los actores que deben intervenir. Además, el proyecto no depende solo de Caldas, sino también de Quindío y Risaralda.
El presidente Gustavo Petro ordenó el rechazo de la IP. Sin embargo, esa decisión debe surtir un proceso administrativo que puede tardar varios meses, especialmente porque los órganos de control están atentos y vigilantes del trámite -dudo que un funcionario público vaya a arriesgar su patrimonio- . En otras palabras, la decisión final quedará en manos del próximo gobierno. Hay que recordar que la elaboración de la propuesta tomó ocho años y tuvo un costo aproximado de 40 mil millones de pesos.
La posibilidad de desmontar algunos peajes ha estado sobre la mesa desde la presentación de la IP. Lamentablemente, el Gobierno no mostró interés en socializar el estudio ni en escuchar a las comunidades. También tardó en decidir sobre las tarifas diferenciales para los vecinos de la vía —sobre las que hay que evitar la intervención política—, petición que pudo haber sido razonable en su momento.
Hay que tener en cuenta que cualquier decisión relacionada con reducciones en los ingresos del proyecto deberá ser asumida con recursos de la Nación.
Lo más importante es que el contrato actual de la Autopista vence en febrero del próximo año. Más allá del interés electoral, no es clara la razón del Gobierno para tomar decisiones anticipadas. Además, los votos que se querían conquistar con el “chao peajes” terminaron diluyéndose ante el respaldo nacional que ha venido ganando la obra.
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