La Personería de Manizales identificó 60 asentamientos informales en la ciudad, advirtiendo que casi la mitad se ubica en áreas de alto riesgo no mitigable, por lo que urgió la creación de una política pública.
La Personería de Manizales presentó los resultados de un seguimiento preventivo sobre la ocupación informal del territorio en la capital de Caldas. Durante una audiencia con el gabinete municipal y organismos de control, el ente del Ministerio Público reveló que existen 60 asentamientos informales distribuidos en la geografía local: 30 en la ladera sur, 23 en la ladera norte y 7 en la zona rural.
El informe detalla un panorama complejo para la planificación urbana: del total de puntos identificados, solo 7 cuentan con censo y caracterización oficial. El dato más relevante señala que el 45,20% de estos asentamientos se encuentra en zonas catalogadas como de alto riesgo, lo que expone a cientos de familias a peligros inminentes por deslizamientos o inestabilidad del terreno.
Llamado a una Política Pública Integral
El personero de Manizales, Juan Pablo Osorio Gallo, enfatizó la necesidad de articular esfuerzos institucionales para abordar el fenómeno, que ha crecido en número y extensión.
“¿Qué estamos buscando con este proceso preventivo? Que se adopte una política pública en materia de Asentamientos informales que nos permita articular las entidades responsables… y garantizar los derechos a la vida digna, a la integridad y a la seguridad”, afirmó el funcionario.
La problemática se agudiza ante la ausencia de programas municipales con subsidios para vivienda de interés social. Según José Fernando Olarte Osorio, secretario de Planeación, la ciudad enfrenta un déficit estructural
“Hoy no contamos con un respaldo, una política nacional de vivienda que solucione esta situación. No hay posibilidad de generar un proyecto amplio de vivienda con un cierre financiero para las familias que lo están habitando”.
Acciones de Control y Compromisos a 2026
Frente al diagnóstico, la administración municipal expuso las medidas actuales. Paula Andrea Sánchez, secretaria del Interior, confirmó la creación de un grupo de control conformado por 12 personas dedicadas a monitorear estas zonas. Por su parte, Diego Armando Rivera, director de la Unidad de Gestión del Riesgo, destacó la implementación de procesos formativos y el programa ‘Guardianes de la Ladera’.
La audiencia contó con la participación de la comunidad. Johana Fernández, habitante del barrio Villa Julia, valoró el espacio: “Sería bueno que la Alcaldía diera solución a estas problemáticas, muchas veces los asentamientos son la falta de planeación de vivienda”.
Al cierre del encuentro, las entidades, incluyendo la Gobernación de Caldas, Corpocaldas y la Agencia Nacional de Tierras, se comprometieron a presentar en febrero de 2026 un plan de trabajo concreto para la construcción de la solicitada política pública.
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